El Comité de reinstitucionalización emprenderá el trámite en la Corte Constitucional para determinar el proceso que permita eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO
La iniciativa para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), ideada por el fallecido presidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, fue lanzada oficialmente, este martes 4 de junio del 2019.
El primer paso será terminar la elaboración del documento inicial para remitirlo a la Corte Constitucional (CC). Según Pablo Dávila, coordinador del Comité, se tomarán 15 días.
El objetivo de este paso es que la CC determine la vía mediante la cual se podría dar la reforma a la Constitución. “Después de eso corresponde ir al Consejo Nacional Electoral (CNE) para pedir los formularios de recolección de firmas“, dijo Dávila.
El proceso de recolección de firmas tiene un plazo de seis meses, según explicó Dávila. Sin embargo, esperan que se logre en menos tiempo.
Para este trabajo, el Comité hizo una convocatoria a la sociedad civil, organizaciones políticas y sector privado para sumarse. También invitó a los jóvenes para ser parte del debate.
El Comité por la Reinstitucionalización Nacional lo conforman ocho personas: Pablo Dávila, la ex vicepresidenta Rosalía Arteaga, Enrique Ayala Mora, Gustavo Noboa, Nelsa Curbelo, Simón Espinoza y Hernán Pérez Loose y José Ayala Lasso.
Arteaga dijo que está diseñándose una estrategia de comunicación para garantizar los mecanismos para que la gente se sume a la iniciativa.
Sobre el tema de financiamiento, Dávila dijo que se abrirá una cuenta para recibir aportes. Esa cuenta y sus ingresos podrán ser monitoreados, se realizará una auditoría y al final una rendición de cuentas.
Aclaró que los aportes no influirán en el destino de la propuesta ni en la estrategia ya asumida para la eliminación del Cpccs.
El Comité señaló que serán parte de la mesa de Democracia del Acuerdo Nacional como invitados. Allí plantearán la necesidad de eliminar ese organismo. Su argumento es que el Cpccs concentra demasiado poder y puede ser usado por el Gobierno de turno. Además, Dávila señaló que la participación ciudadana no puede ser estatizada.
De darse la desaparición del Cpccs, que tiene entre sus facultades la de designar a las autoridades de control del Estado, plantean que esa misión retorne a la Asamblea pero basado en los mismos principio de meritocracia.