Varios temas de interés público han sido entregados, por encargo presidencial, a comisiones de ciudadanos que elaboran largos informes.
Por supuesto, este no es el primer Gobierno que acude a este mecanismo, pero sí el que lo ha empleado de modo recurrente en casos delicados y con distintos y hasta polémicos resultados.
La primera de estas comisiones se conformó para el tema de las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de León Febres Cordero. Muchos se preguntan por qué no se amplió el estudio hasta la fecha.
Otro tema que causa escozor es el de la deuda externa. La Comisión de Auditoría de Crédito Público habló de ‘fraude incalculable’ y se abrieron expedientes para investigar a gobiernos anteriores.
Una auditoría sobre la entrega de frecuencias de radio y televisión será base para la reasignación que ahora se busca. Otra comisión investigó la incursión colombiana en el Ecuador para atacar el campamento de las FARC; hubo una más para analizar la rebelión policial del 30 de septiembre y otra para la matanza en territorio taromenane.
La comisión de veedores que estudió los contratos de las empresas que presuntamente tenían vínculos con Fabricio Correa fue fustigada por quien la propició: el Presidente. Luego se abrieron causas a los veedores. En un Estado de Derecho debe haber una justicia independiente. Este tipo de comisiones duplica el trabajo y no siempre da frutos.