24 de mayo de 2019 00:00

El conflicto en tres comisiones irá a análisis del CAL y el Pleno

Vicente Taiano y Cristina Reyes, asambleístas del PSC, forman parte de la Comisión de los Trabajadores.

Vicente Taiano y Cristina Reyes, asambleístas del PSC, forman parte de la Comisión de los Trabajadores. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Roger Velez
Redactor (I)

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Ocho días resultaron insuficientes para que las comisiones de Educación, Gobiernos Autónomos y de los Derechos de los Trabajadores designen a sus autoridades para el período 2019-2021.

Las disputas entre sus integrantes continuaron hasta el pasado jueves 23 de mayo de 2019, cuando terminó el plazo que tenían para cumplir ese procedimiento, después de la reorganización que se consumó el pasado 16 de mayo. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, corresponderá al Pleno nombrar a nuevos presidente y vicepresidente para cada una de esas mesas, con una mayoría absoluta (70 votos).

En esas tres comisiones no se cumplió el acuerdo al que habían llegado la semana pasada los coordinadores de los bloques de Alianza País y aliados (AP), Creo y los asambleístas de partidos de minoría agrupados en el Bloque de Integración Nacional (BIN) y de Acción Democrática (BADI).

En la Comisión de los Gobiernos autónomos no se concretó el plan para que Héctor Yépez (Creo) y Wilma Andrade (ID-BIN) asumieran la presidencia y vicepresidencia, respectivamente.

Nuevas comisiones de la Asamblea Nacional

“En un momento había votos, al día siguiente no. Creo que lo más sano es que el Pleno, que es el máximo órgano de decisión, resuelva: sea a mi favor o no”, dijo Yépez.

Pero el hecho de que Yépez no convocara a la sesión para cumplir con el proceso, como le correspondía al encabezar la nómina de la nueva comisión, le valió una denuncia de seis de sus integrantes.

Javier Cadena, del bloque del Partido Social Cristiano (PSC), encabezó una comitiva que ayer acudió a la ventanilla de gestión documental para solicitar que sea sancionado por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).

En la Comisión de Educación, en cambio, se autoconvocaron siete de sus 12 integrantes y por unanimidad designaron presidente de la mesa a Jimmy Candell (BIN) y vicepresidenta a Teresa Benavides (AP-aliados).

Las asambleístas Amapola Naranjo y Carmen García, de la Revolución Ciudadana, se encargaron de presentar la moción, que también fue respaldada por Dallyana Passailaigue (PSC), Israel Cruz (BIN) y la socialista Silvia Salgado.

Salgado tomó juramento a Candell y desconoció el acuerdo de la mayoría parlamentaria que apuntaba a que Jeannine Cruz (Creo) ocupara la Presidencia y Noralma Zambrano (AP), la vicepresidencia.

Para ello invocaron el artículo 15 del reglamento de las comisiones, que estipula que para la instalación (quórum) del pleno de la comisión especializada permanente y ocasional -y para la toma de decisiones- se requiere la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes.

El argumento de la mayoría fue que a la Comisión no le quedaba otra alternativa debido al plazo legal.

“No creo que se pongan en riesgo los acuerdos. Creo que debe entenderse que no se trabajó muy bien eso; quienes armaron esto debieron hacerlo más despacio”, expresó Candell, coordinador del BIN.

Un escenario similar se registró en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores; cuando el mismo día de la reorganización, siete de sus integrantes designaron al socialcristiano Vicente Taiano como su titular.

Taiano aseguró haber dialogado con el presidente de la Asamblea, César Litardo, para que Alianza País propusiera un perfil para la vicepresidencia.

Eso, luego de que ayer, por segunda ocasión en menos de una semana, no logró contar con el quórum para el nombramiento.

La ministra María Paula Romo saluda con Homero  Castanier, de Creo, ayer en la Asamblea Nacional.

La ministra María Paula Romo saluda con Homero Castanier, de Creo, ayer en la Asamblea Nacional. Foto: Roger Vélez / EL COMERCIO

Sin embargo, Ana Belén Marín (AP), quien forma parte del CAL, sostuvo que en ambos casos se trata de un procedimiento que está al margen de la Ley de la Función Legislativa y de los acuerdos entre la mayoría parlamentaria.

Los asambleístas están a la espera de que el presidente Litardo convoque al Pleno la próxima semana para resolver este problema.

De su lado, la ministra del Interior, María Paula Romo, quien es el nexo político entre el Ejecutivo y la Asamblea, dijo que confía en que las bancadas encontrarán una salida a este asunto.

“Confío en que no van a interferir en las agendas macro que tienen que ver con los intereses del país”, expresó.

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