22 de abril de 2017 00:00

Comisionados enfrentan cuatro juicios más en los tribunales

Isabel Robalino (99 años) y Julio César Trujillo acudieron a la audiencia el jueves 20 de abril del 2017. Foto: Vicente Costales /  EL COMERCIO

Isabel Robalino (99 años) y Julio César Trujillo acudieron a la audiencia el jueves 20 de abril del 2017. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Fernando Medina
Redactor (I)
fmedina@elcomercio.com

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El juicio que el Contralor General del Estado planteó por calumnia no es el único proceso legal que pesa en contra de los 9 integrantes de la denominada Comisión Anticorrupción.

Desde el 30 de mayo del 2015, cuando se creó el organismo, seis procesos penales y civiles se han abierto en contra de los comisionados. De esos, apenas dos se han cerrado. El último, precisamente fue el del Contralor, Carlos Pólit, quien, tras conocer la condena, pidió a la jueza Karen Matamoros que se extinga la causa.

De esta forma, el año de cárcel y el pago de USD 900 000 que se les impuso a los comisionados quedó sin efecto. Sin embargo, de los cuatros procesos que todavía están abiertos, otro también es de Pólit.

En ese caso, el Contralor los acusa nuevamente por calumnias. Anticorrupción denunció al funcionario por el presunto delito de fraude procesal. Según el organismo, Pólit omitió datos en la investigación sobre la compra de los helicópteros Dhruv, en el 2008.

Esto debido a que la Fiscalía pidió el archivo de la investigación con base en un examen especial de la Contraloría. En ese informe, se concluyó que no hubo indicios de responsabilidad penal, pero sí civiles.

Por esa acusación, en una querella planteada el 19 de enero de este año (2017), Pólit pide que siete de los comisionados lo indemnicen con USD 1,4 millones (USD 200 000 cada uno).

Hernán Ulloa, abogado del Contralor habló ayer, 21 de abril, con este Diario sobre esta nueva querella y dijo que espera la llegada de Pólit, quien se encuentra en Estados Unidos. Solo allí se analizará si continúan o no con este proceso judicial.

“Tenemos que hacer una valoración, no solamente jurídica sino también de la connotación social que genera estos casos”, señaló el jurista.

Pero aclaró que las demandas se han planteado por “las reiteradas ofensas que ha recibido el Contralor por parte de los miembros de la Comisión”.

Por su parte, los abogados de Anticorrupción dicen que también se reunirán para definir las acciones que tomarán en la defensa de los casos.

Marcela Estrella, una de las abogadas, advierte que las denuncias de los comisionados siempre las hicieron con base en presunciones y que la Fiscalía debía determinar si son reales o no. Por eso no entiende el porqué de las demandas.

En la reunión de los abogados defensores también se analizarán otros tres casos que enfrentan las nueve personas.

En esa lista está la querella planteada por el exministro de Electricidad y Energía, Esteban Albornoz. El exfuncionario los acusa por calumnia y exige una indemnización de USD 1 millón a cada uno de los miembros.

Ese proceso se abrió a raíz de que los comisionados denunciaron un aparente sobreprecio en la adjudicación para la construcción de la hidroeléctrica Manduriacu, ubicada entre Pichincha e Imbabura.

En su demanda, Albornoz indicó que los comisionados “comprometieron la dignidad de los funcionarios del Ministerio de Electricidad”, al denunciarlos por presuntos actos de corrupción.
Según el escrito, los miembros de Anticorrupción cometieron el delito por “varias ocasiones” a través de los medios de comunicación.

En el caso Manduriacu también se señala al prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja y señalan presuntos actos de corrupción. Eso hizo que este funcionario inicie acciones legales por daño moral, pues aseguró que no hay pruebas de lo que afirmaron. Por eso pidió que el coordinador de la organización, Jorge Rodríguez y el comisionado Germán Rodas paguen una indemnización de USD 3 millones.

En cambio, Pedro Merizalde, expresidente de Petroecuador, acusó a los comisionados por la figura de denuncia maliciosa. Este delito es sancionado en el Código Penal con penas que van desde seis meses hasta un año de cárcel. Pero para que se juzgue se requiere que exista otra sentencia que se haya declarado como maliciosa.

Esta querella cumple ese requisito, pues en octubre pasado el juez Marco Maldonado, calificó de esta forma a la denuncia interpuesta por los comisionados, que señala un presunto sobreprecio en los terrenos de la Refinería del Pacífico.

En la demanda, Merizalde dijo que eso no es así y que las acusaciones presentadas por Anticorrupción son falsas.

Por ahora, la defensa de esta agrupación pedirá la recusación de la jueza Karen Matamoros, para que no actúe en otros procesos que enfrentan los nueve. La jurista fue quien el jueves los declaró culpables.

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