Redacción Judicial
La Asamblea Nacional otorgó ayer inmunidad a los miembros de la Comisión de la Verdad, que investigaron los hechos violentos y violaciones de los derechos humanos ocurridos en el país entre 1984-1999 y otros períodos, hasta 2005.
Ese lapso incluye los gobiernos de León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad. Además, se extiende a los regímenes de Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez.
71 votos afirmativos
tuvo el informe de la Comisión de Justicia sobre la Ley de Protección e Inmunidad
De acuerdo con la Ley, presentada por el presidente Rafael Correa, los miembros de la Comisión, creada mediante Decreto Ejecutivo de 3 de mayo de 2007, no serán responsables por las acciones realizadas en la investigación. Además, gozarán de inmunidad civil y penal, exclusivamente, por las conclusiones, recomendaciones, y develamiento de las circunstancias constantes en su informe final.
Se considerarán miembros de la Comisión a todos quienes hayan participado en la investigación, directa o indirectamente.
El proyecto legislativo, que será remitido al Ejecutivo para su sanción u objeción, señala que la Comisión de la Verdad podrá mantener en absoluta reserva toda la información que haya logrado documentar; así como la identidad de sus testigos y colaboradores hasta que sean puestos a consideración de las autoridades judiciales pertinentes.
La propuesta de ley también establece que todos los aspectos relativos al procedimiento de protección se mantendrá bajo estricta reserva obedeciendo al principio de confidencialidad.
La ley de inmunidad tuvo el respaldo de País, MPD, Pachakutik e independientes, mientras que el PRE, AD, Prian, PSP, PSC votaron negativamente. Su argumento fue que la Asamblea no dará inmunidad a una Comisión conformada por el Gobierno.
La Comisión está integrada por Elsie Monge, que la preside; monseñor Alberto Luna, Julio César Trujillo y Pedro Restrepo.
Monge dijo que, durante la investigación, la Comisión descubrió 469 presuntas víctimas directas y 4 000 indirectas; el 58% de ellas en el gobierno de Febres Cordero. El 34% corresponde a privación arbitraria de la libertad, el 42% a tortura, el 10% a violencia sexual, el 13% a ejecuciones y el 3% a desapariciones.
La Comisión contó con 650 testimonios de personas. Monge aclaró que no se investigaron todos los crímenes porque las víctimas no se acercaron.