7 de noviembre de 2019 22:07

Comisión Multipartidista recibió por videoconferencia testimonios de asambleístas protegidos por México

Gabriela Rivadeneira compareció a la Comisión Multipartidista a través de videoconferencia. Foto: Flickr de la Asamblea Nacional

Gabriela Rivadeneira compareció a la Comisión Multipartidista a través de videoconferencia. Foto: Flickr de la Asamblea Nacional

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Roger Velez

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"La siguiente disputa es electoral, en 2021 nos vemos en las urnas". Así, Gabriela Rivadeneira, asambleísta del correísmo, cerró su comparecencia ante la Comisión Multipartidista de la Asamblea que investiga los hechos relacionados con el paro de octubre en el Ecuador.

Lo hizo también con la frase: "ojalá no le pase lo mismo que a mí" -dirigida a César Rohon (PSC), uno de los asambleístas de esa mesa-, sentada frente a una cámara, detrás de una pantalla.

Rivadeneira, al igual que sus coidearios Soledad Buendía y Carlos Viteri Gualinga, dieron su testimonio este jueves 7 de noviembre del 2019 a esta Comisión mediante una videoconferencia, desde la Embajada de México en Quito, en donde permanecen desde hace casi cuatro semanas.

Rohon fue uno de los más críticos de que ellos hayan solicitado asilo a ese país, a pesar de que no existen procesos judiciales en su contra por haber participado de las manifestaciones contra el Gobierno.

Los tres legisladores se catalogaron como perseguidos y señalaron que no tuvieron más opción que acudir a esa representación diplomática debido a que la propia Asamblea fue "incapaz" de protegerlos.

Rivadeneira adujo que, si bien no hay un proceso judicial en su contra, sí se emitió una orden de captura para su esposo Luis Flores. Comentó que su casa fue allanada, por lo que ingresaron a la Embajada mexicana, el 13 de octubre pasado, en busca de protección.

"Me asombra que la Asamblea en vez de proteger, nos cuestione", añadió y también se solidarizó con sus coidearios Virgilio Hernández y Paola Pabón, quienes permanecen detenidos para investigaciones por supuesta rebelión.

Rivadeneira adujo que el hecho de que ella haya invocado al artículo 130 de la Constitución para pedir un adelanto de elecciones, en medio de la crisis, no puede ser considerado un acto de instigación.

Cuestionó que en cadenas difundidas por el Gobierno haya sido señalada como parte de quienes planeaban un golpe de Estado y criticó que la Asamblea no se haya reunido para analizar el Decreto 884 sobre el Estado de Excepción. Afirmó que hubo seguimientos extrajudiciales en su contra.

Buendía aseguró que sufre amenazas de muerte y constante acoso desde octubre de 2017, y que sus denuncias no han tenido respuestas de la Fiscalía. Agregó que les corresponde a las autoridades judiciales determinar quiénes la persiguen.

"Mientras mi vida esté en riesgo yo seguiré acá", respondió al ser consultada por Jaime Olivo, asambleísta de Pachakutik y vicepresidente de la Comisión, si ella piensa retornar al Parlamento.

Por su lado, Viteri, luciendo una corona de plumas típica de una de las nacionalidades indígenas, aseveró que incluso sus hijos y otros familiares son víctimas de acoso desde hace dos años. Viteri habló de seguimientos y de intervenciones a su línea telefónica.

La comparecencia de los tres legisladores se dio luego de que Yofre Poma, también del correísmo, rindiera su testimonio sobre los hechos que conllevaron a su detención hace 30 días en Sucumbíos.

Poma, en cambio, se presentó a la sala custodiado por la Policía, en vísperas de que la Corte Nacional resuelva el caso bajo los cargos de paralización de servicios públicos.

Una decena de legisladores del bloque del correísmo acudieron a la mesa para respaldarlos, entre ellos, Pabel Muñoz, Franklin Samaniego, Cristóbal Lloret, Hermuy Calle, Liliana Durán y Mónica Alemán.

La Comisión también recibió los testimonios de al menos siete policías agredidos o secuestrados durante las manifestaciones, de colectivos que defienden los derechos humanos y de medios digitales.

Así también se presentó el periodista Freddy Paredes, quien recibió el impacto de una piedra a su salida de una cobertura el 10 de octubre. Y el alcalde de Quito, Jorge Yunda. La sesión duró siete horas; las comparecencias se retomarán la próxima semana.

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