21 de febrero de 2020 12:42

Comisión de Relaciones Internacionales dejó en suspenso el informe para la reforma a Ley de Movilidad Humana

La Comisión de Relaciones Internacionales durante una sesión del 19 de febrero del 2020. Foto: Twitter @AsambleaNacional

La Comisión de Relaciones Internacionales durante una sesión del 19 de febrero del 2020. Foto: Twitter @AsambleaNacional

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Roger Velez

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La Comisión de Relaciones Internacionales no logró aprobar el informe para el primer debate de la reforma a la Ley de Movilidad Humana antes del primer receso legislativo, como tenía previsto.

La sesión de la mesa parlamentaria que estaba prevista para este viernes 21 de febrero del 2020 se canceló, un día después de que no lograra contar con quórum para avanzar con la votación del proyecto, en medio de incidentes protagonizados por asambleístas del correísmo.

El presidente de la Comisión, Fernando Flores (Creo), reconoció que el proyecto tiene 13 nudos críticos. “Tenemos algunos temas menaje de hogar, por ejemplo, de los ecuatorianos que retornan; el registro que generó la Cancillería de los migrantes retornados”, mencionó.

Entre ellos también consta la deportación de ciudadanos extranjeros. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aclaró que la propuesta que entregó el Ejecutivo en agosto pasado no apunta a “deportaciones masivas”, sino a que se simplifique el trámite para estos casos.

“Hoy día sí se puede deportar a una persona, pero primero tiene que ser procesada, sentenciada, cumplir la pena y luego se la puede enviar a su país”, expresó Romo, quien se presentó en la Comisión el miércoles pasado.

A su vez, la Ministra pidió que se establezca una lista de causales para inadmisión de extranjeros, por ejemplo, para el caso de personas procesadas por delitos sexuales. Los países tienen el derecho a admitir o no a los extranjeros, puntualizó.

Los asambleístas del correísmo pidieron a Flores que no convoque a la Comisión mientras no se resuelva la situación de su coideario Yofre Poma, a quien un tribunal le suspendió de manera condicional la pena de 1 año y 4 meses de cárcel por paralización de servicios públicos.

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