16 de enero de 2020 22:00

Comisión legislativa recibió informes sobre vuelos de vigilancia de EE.UU. en Ecuador

El ministro Oswaldo Jarrín, por su lado, rechazó "que se pretenda manchar la soberanía nacional" y que haya "alguna mente perversa" que afirme que se trata de una estrategia que EE.UU. implantó en Ecuador.

El ministro Oswaldo Jarrín rechazó "que se pretenda manchar la soberanía nacional" y que haya "alguna mente perversa" que afirme que se trata de una estrategia que EE.UU. implantó en Ecuador. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Roger Velez
Redactor (I)

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José Valencia, canciller del Ecuador y Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, entregaron este jueves 16 de enero del 2020 detalles sobre el programa de vuelos de vigilancia aeromarítima que se aplica en territorio ecuatoriano con la cooperación de Estados Unidos, desde septiembre del 2018.

La información fue presentada durante tres horas ante la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Hasta ese sitio, ambos funcionarios fueron convocados para explicar el marco legal que permite esas operaciones.

El Canciller manifestó que los vuelos se ajustan a convenios y tratados que tiene el Ecuador no solo con Estados Unidos, sino con las Naciones Unidas para enfrentar al crimen organizado. Y que también se apegan a la legislación ecuatoriana y al Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo.

Entre esos aludió al Convenio para la Aviación Internacional, suscrito en 1944 y a otro Acuerdo que desde 1972 le permite al personal estadounidense contar con un reconocimiento particular en términos migratorios para actividades de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

El Canciller comentó que, si bien los dos países todavía adelantan negociaciones para establecer un marco normativo específico para estas operaciones, esto "no es indispensable" porque se realizan apegadas a la ley ecuatoriana y aseguró que no afectan a la soberanía del Ecuador ni persiguen fines militares.

"Lo que en este programa, en este acuerdo queremos poner de manifiesto son varios términos, queremos organizar la cooperación en el sentido de que en esos servicios sean incluidos protocolos de procedimientos más amplios, queremos también que el flujo de recursos sean claramente determinados cómo van a llegar", dijo.

De lo que se trata, precisó Valencia, es de facilitar que este programa se lleve a cabo. Para ello, afirmó que Ecuador envió un proyecto a Estados Unidos el 22 de enero del 2019 y que ese país remitió una contrapropuesta a finales de ese año, la misma que será respondida conforme a una reunión interministerial realizada el pasado 8 de enero.

"Calculamos que este programa cuesta aproximadamente USD 50 millones al año, queremos tener determinaciones al respecto, queremos también tener determinaciones sobre las tripulaciones en estas aeronaves, que actualmente están cobijadas por el acuerdo de 1972 entre Ecuador y Estados Unidos", acotó.

Valencia detalló que, desde septiembre de 2018, EE.UU ha gestionado 53 pedidos de sobrevuelos, ante entidades como la Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea del Ecuador. De ese número, a tres no se dio la autorización.

Precisó que, en cada vuelo que puede tomar más de un día, participa personal de la Policía y Fuerzas Armadas de Ecuador en coordinación con la Fiscalía. Y que las acciones han permitido la incautación de 30 toneladas de droga hasta ahora.

El ministro Oswaldo Jarrín, por su lado, rechazó "que se pretenda manchar la soberanía nacional" y que haya "alguna mente perversa" que afirme que se trata de una estrategia que EE.UU. implantó en Ecuador.

Jarrín mencionó que no se puede prescindir de este apoyo. "No hay posibilidad alguna de ejercer un control efectivo, permanente, con las capacidades exclusivas de las Fuerzas Armadas del Ecuador", puntualizó.

Las autoridades detallaron que para este programa EE.UU. destina un avión Orion P3 del servicio de Aduanas de ese país, avaluado en USD 52 millones, sin incluir los aparatos que tiene, y uno tipo Awac equipado con radares, que cuestan unos USD 270 millones.

Los funcionarios tuvieron que responder varias interrogantes al respecto de seis de los 12 asambleístas de la Comisión que participaron de la sesión, entre ellos el presidente de la mesa, Fernando Flores (Creo); René Yandún, del BIN, Encarnación Duchi (PK) y Fabricio Villamar (Ahora). Los correístas no participaron ni tampoco el oficialista Fafo Gavilánez.

Los comisionados anunciaron que para el próximo jueves se invitará a Francisco Carrión, quien hace una semana renunció a la Embajada de Ecuador en Washington, señalando que el programa todavía no cuenta con un marco normativo adecuado.

La comparecencia de Carrión también debía ocurrir este jueves, pero no se concretó.

Además, el Canciller se refirió a la situación de los asambleístas de correísmo Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, a quienes México concedió asilo político. Afirmó que el Gobierno dio facilidades para que viajen a ese país, pero no les entregó un salvoconducto ni costeó el vuelo. Agregó que los pasaportes diplomáticos que tenían han sido desactivados.

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