Comisión revisará regulación a academias, tras denuncia de abuso sexual en gimnasio de Quito

Stephanie, denunciante; Rubi Torres, padre de una víctima, y Ana Vera, de Surkuna. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Stephanie, denunciante; Rubi Torres, padre de una víctima, y Ana Vera, de Surkuna. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Stephanie, denunciante; Rubi Torres, padre de una víctima, y Ana Vera, de Surkuna. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

No fijarse nada más en la infraestructura de una academia deportiva, de danza o de música. Rubi Torres, padre de familia de 55 años, recomienda ser cuidadosos, no solo al consultar sobre las técnicas de enseñanza, indagar más para conocer hasta el perfil psicológico de los instructores.

El caso de su hija y de otras cuatro sobrevivientes de supuesto abuso sexual por parte de un instructor de gimnasia, cuando eran niñas, está siendo tratado por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia La Delicia, de Quito.

“El miedo cambió de bando. El gimnasio está cerrado”, dice Stephanie, una de las denunciantes. Asegura que conocer a otras víctimas ha sido reparador para ella y que las acciones de la Junta son un primer paso.

Además del cierre temporal del gimnasio, y como medida de no repetición de abusos en centros como esos, la Junta dispuso la creación de una comisión interventora, con el Ministerio de Educación, la Secretaría del Deporte, organizaciones de la sociedad civil y una de las denunciantes.

Según la abogada de Surkuna, Ana Cristina Vera, en esta se analizará qué se puede hacer en materia de política pública, para que se empiece a regular a los centros.

No existe, dice, control desde el Estado, para garantizar que los niños asistan a espacios seguros. “Máximo piden la licencia de uso del suelo”.

Darío Tandazo preside el Club Regatas (de natación), que cuenta con aval legal de la Secretaría del Deporte. Son autónomos en la dirección del centro y con lo relacionado a los entrenadores.

Coincide en que debería existir regulación estatal. En su club, afirma, indagan en los perfiles de los entrenadores, que están en contacto con niños desde los 3 años.

En el caso de la mayoría de academias de natación, de fútbol, tae kwon do y más disciplinas deportivas no hay una entidad que proporcione a los padres de familia un listado de sitios certificados. Lo confirma Aníbal Fuentes, el presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP).

Consultado por este Diario, comentó que ahora mismo la entidad que dirige está presentando demandas contra tres sitios que ofertan vacacionales de artes marciales y vale todo, señalando que tienen el aval de CDP. “Aseguran que son filiales y no es verdad”.

Para el directivo quedan en el aire temas de seguridad; “hay una línea delgada entre lo que es parte del entrenamiento y no y que podría dar lugar a vulneraciones de derechos de los niños; por ejemplo que les griten, que les den palmaditas, que abusen de ellos, que les brinden anabólicos, etc.”.

En Quito, comenta, hay unos 36 clubes de karate do filiales de la CDP, y unos 26 de tae kwon do. Pero señala que hay cientos de academias. “Unas 80 cobrarán pensiones mensuales de USD 20 a 40; pero al menos 20 de ellas, USD 160”.

En la CDP admiten a un club una vez que obtenga la personería jurídica en la Secretaría del Deporte. Y para ello debe probar que cuenta con una sede social, una directiva y por tanto las copias de cédulas de sus miembros; nombre del entrenador, plan de entrenamiento, etc. Fuentes no sabe si esa Secretaría hace algún tipo de controles posteriores.

El viernes pasado, la Junta ordenó el alejamiento del profesor de gimnasia, Alcides P., de las niñas que asistían a sus clases. Tiene prohibido acercarse e intimidarlas de cualquier manera. Y se pidió una lista de las alumnas, para indagar si hay más casos de abuso.

María Fernanda Porras, quien se desempeñó como subsecretaria en el Ministerio de Educación, confirmó que “no existe ninguna instancia estatal que controle a los gimnasios, academias y conservatorios; hay un vacío legal”.

La mesa legislativa Aampetra -recordó- recibió denuncias de chicos que fueron víctimas de abusos en academias de danza, por ejemplo. “Son espacios de educación no formal, fuera de la regulación. Se recomendó incorporar el tema en la reforma a la LOEI”.

También se planea incorporar el punto en la reforma al Código de la Niñez, dijo la legisladora Encarnación Duchi: “Debe haber un ente independiente a cargo. Hasta el 2013 en esta normativa se exigía un registro de entidades, así sus actividades duren una semana”.

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