La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) hace un llamado a mejorar los sistemas de monitoreo y vigilancia de las actividades pesqueras que se desarrollan en el Pacífico a fin de prevenir posibles acciones de pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Foto: Tomada de la Cancillería
La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) llamó a mejorar los sistemas de monitoreo y vigilancia de las actividades pesqueras que se desarrollan en el océano a fin de prevenir posibles acciones de pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
La declaración se dio hoy, miércoles 5 de agosto del 2020, tras la decimotercera asamblea extraordinaria de este foro, del que forman parte Ecuador, Colombia, Chile y Perú. La cita fue a nivel de cancilleres, en modalidad virtual.
En este espacio los países miembros identificaron acciones para afrontar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Pacífico Sur.
El fin común es cooperar en una eficiente conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros y buscar soluciones a una problemática común como es la pesca ilegal, la sobrepesca, la sobreexplotación, se informó en un comunicado.
Las secciones nacionales acordaron crear un Grupo de Trabajo para establecer un plan de acción; dar prioridad al desarrollo de un plan de trabajo sobre pesca sustentable, que incluya la promoción de espacios de intercambio de experiencias y fortalezca las competencias regionales; fortalecer el intercambio de información sobre la ubicación de embarcaciones y dispositivos agregadores de peces, y fomentar la utilización de sistema de rastreo satelital de libre acceso, entre otros.
Por otro lado, la asamblea extraordinaria de la CPPS resolvió hacer un llamado a mejorar los sistemas de monitoreo y vigilancia de las actividades pesqueras que se desarrollan en el Pacífico a fin de prevenir posibles acciones de pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
La semana anterior, la Comisión Permanente del Pacífico Sur aprobó una decisión que condena la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en aguas internacionales. Esta decisión fue una iniciativa ecuatoriana, a la cual se sumaron las sugerencias de Colombia, Chile y Perú.
