4 de abril de 2019 00:00

Una votación clave para decidir si una comisión investiga a Cabezas

La presidenta, Elizabeth Cabezas, ayer, durante un foro en la Asamblea Nacional.

La presidenta, Elizabeth Cabezas, ayer, durante un foro en la Asamblea Nacional. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Roger Velez
Redactor (I)

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Una Comisión ocasional, sobre la que hasta ayer no había consensos entre las bancadas, dirimiría el futuro de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (AP), a quien el correísmo acusa de “boicotear” la fiscalización.

La instancia de investigación multipartidista tendrá un máximo de tres asambleístas y deberá emitir un informe al Pleno del Parlamento en el plazo de hasta 10 días.

Eso, luego de procesar los argumentos de descargo de Cabezas y las pruebas que aporte Amapola Naranjo, quien pide que a la Presidenta se le aplique una sanción que puede llegar hasta la destitución .

Para ello es clave la conformación de la Comisión que se analizará hoy en el Pleno, a las 09:45, de acuerdo con la convocatoria hecha por la propia Cabezas, a raíz de que el domingo pasado el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) calificara la solicitud.

Desde Alianza País (AP), entre las opciones está Ana Belén Marín, una de las coordinadoras de la bancada. Mientras, el grupo correísta ve en Marcela Aguiñaga, actual presidenta de la Comisión de Justicia, el perfil para cumplir esa tarea.

Aguiñaga no rehúye a esa posibilidad, a pesar de que afronta un proceso de destitución por parte de la Contraloría por supuestas irregularidades cuando en el Gobierno pasado se desempeñó como Ministra de Ambiente. Incluso, ella sugiere que Cabezas se aparte de la Presidencia, mientras se desarrolla la investigación.

En cambio, Homero Castanier, de Creo; Cristina Reyes, del PSC; Guillermo Celi, de Suma; y Encarnación Duchi, del BIN, dijeron que sus bancadas no están dispuestas a formar parte de esa Comisión.

Cristóbal Lloret y Pabel Muñoz (centro) encabezan el grupo correísta en el Pleno.

Cristóbal Lloret y Pabel Muñoz (centro) encabezan el grupo correísta en el Pleno. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO


El asambleísta y miembro del Consejo de Administración de la Legislatura, Patricio Donoso (Creo), explicó que si no hay acuerdos para elegir a los integrantes, no hay salida.

No es la primera vez que se integra una instancia de este tipo, pues ya operó una para el caso de Norma Vallejo (AP) y otra para la correísta Sofía Espín. Ambas fueron destituidas de la Asamblea por irregularidades, el año pasado.

“En derecho público se puede hacer solo lo que está escrito, y no hay antecedente ni letra que mencione qué pasa si no se conforma la comisión tripartita”, aseguró Donoso.

Además, tampoco el informe que presenta una comisión de este tipo tiene el carácter de vinculante. Eso se demostró, en febrero pasado, cuando el Pleno destituyó a una tercera asambleísta. En este caso a Ana Galarza (Creo) por mal uso de una tarjeta magnética, contrario a la recomendación de que la falta solo debía ser sancionada con suspensión del cargo por 30 días sin sueldo.

Al final, todo se define en el máximo órgano de la Asamblea, que es el Pleno. Las tres destituciones se han dado con más de los 70 votos requeridos para la aprobación.

Cabezas cree que hay un afán de desestabilizar la institucionalidad por parte del correísmo. “Se quieren tomar por asalto la Asamblea como instrumento para llegar a los diferentes niveles de Gobierno”.

Ella está en la Presidencia de la Asamblea desde el 14 de marzo del 2018, cuando el Pleno la nombró en lugar de José Serrano, quien fue destituido de esa dignidad, aunque continúa como legislador.

La sanción contra Serrano se dio luego de que el entonces fiscal General, Carlos Baca Mancheno, lo acusara de tramar un complot en su contra con el excontralor prófugo de la justicia, Carlos Pólit, con base a la grabación de una llamada telefónica entre ambos.

La denuncia contra Cabezas también se basa en un audio filtrado. En la grabación se oye a la Presidenta con la ministra del Interior y secretaria encargada de gestión de la Política, María Paula Romo.

Los hechos, según Naranjo, se dieron en la sesión 580 del Pleno, el 7 de marzo pasado, durante la votación de una resolución impulsada por su colega, Ronny Aleaga, para investigar las denuncias sobre supuestos vínculos de familiares del presidente, Lenín Moreno, con empresas situadas en paraísos fiscales.

El procedimiento que deberá seguir la Comisión investigadora consta en el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde también se señala que “no se admitirá ninguna prueba que vulnere derechos fundamentales o haya sido obtenida mediante mecanismos ilegales”.

Mientras Naranjo sostiene que la grabación fue producto de un “micrófono abierto” en la sala de sesiones, Cabezas denunció espionaje, lo que deberá ser sopesado por los comisionados y la Fiscalía.

El lunes pasado, esa misma prueba fue ventilada en el Complejo Judicial Norte, durante una audiencia, en la que la jueza Jesús Raquel Herrera, negara la acción de protección presentada por el activista Felipe Ogaz, contra 137 legisladores y otros 15 funcionarios.

La jueza consideró que en dicha grabación no se evidencia nada más allá que una conversación cotidiana. “La política debe basarse dentro del marco de la Constitución y la ley. Y tomemos en cuenta que la Asamblea es la casa de la legislación”, dice el coordinador general de asesoría jurídica de la Asamblea, Santiago Salazar.

Donoso, quien forma parte del CAL, manifestó que lo primero que deberá hacer la comisión tripartita es examinar si aquel audio fue conseguido legalmente. Tras la presentación del informe, el Pleno tendrá tres días para reunirse.

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