Roberto Passailaigue, rector y presidente de la actual Comisión Interventora para la Universidad de Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
No hay un plazo exacto, aunque sería menor a los tres años que tomó la intervención anterior. Roberto Passailaigue, rector y presidente de la actual Comisión Interventora para la Universidad de Guayaquil, anunció que es necesario hacer una reingeniería al centro de estudios, que afronta una segunda fase de acompañamiento desde el pasado 15 de octubre.
Ayer, 5 de diciembre del 2018, el Consejo de Educación Superior (CES) aprobó el diagnóstico, el plan de intervención y el presupuesto para ejecutarlo. Sin embargo, Passailaigue advirtió que no podrán concretarlo en los 42 días que les restan.
“Corresponde al CES, en sus próximas sesiones, ver qué es lo que va a pasar con la Universidad de Guayaquil; si el CES desea que la universidad siga con los problemas, nosotros cumpliremos con nuestra misión hasta el 15 de enero, cuando se cumple el plazo de la intervención”, dijo Passailaigue este jueves 6 de diciembre del 2018.
El Rector planteó que técnicos del CES fijen el tiempo que se requiere para ejecutar el plan. El plazo inicial fue de tres meses, aunque se indicó que era prorrogable.
La intervención fue la salida a una situación de violencia al interior de la universidad, generada por la inestabilidad en el rectorado. Esa es una de las tres causales citadas en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
Passailaigue explicó que tras el diagnóstico detectaron las otras dos causales, que se refieren violaciones o incumplimiento de las disposiciones constitucionales, de la LOES y otras normativas; e irregularidades académicas, administrativas o económica-financieras. “Las mismas causales que existieron en la anterior intervención del 2013, persisten en la actualidad y en forma agravada”, dijo el actual rector.
Passailaigue explicó que actualmente han establecido programas a corto, mediano y largo plazo. Reformas a los estatutos, revisión de las mallas curriculares, 28 programas académicos que no están en uso, el pago a los jubilados son parte de los cambios que propone la actual intervención.
“Si me dicen que en tres meses podemos hacer todo esto, yo apago las luces y cierro las puertas con llave. En tres meses no se hace nada para mejorar la situación de la universidad”.
La anterior intervención trabajó en temas similares. Un informe de cierre de ese proceso, presentado por el CES en este año, recoge varias observaciones. La Contraloría General del Estado también realiza exámenes a ese periodo.
El presidente de la actual Comisión Interventora incluso se refirió a la categorización de la U. de Guayaquil. En septiembre de 2016 el centro de estudios pasó de la categoría D a la B.
Passailaigue indicó que no hay una relación entre ese resultado y los actuales; por ejemplo, tres carreras clave de la U. de Guayaquil siguen sin poder acreditarse. “La valoración real que tuvo era de 37,37 puntos en la evaluación institucional (de 2016). Aplicaron una fórmula de curva de complejidad, que le aumentó 8 puntos, y por eso llegó a 45,37 para alcanzar la categoría B”.
Aunque no especificó la cifra exacta para implementar los programas que ahora proponen, el rector señaló que los recursos saldrán del presupuesto de la universidad. El centro de estudio maneja cerca de USD 175 millones al año; USD 155 corresponden al gasto corriente y de ese total el 95% se destina en salarios. “Pensamos hacer una reingeniería para optimizar los recursos humanos, financieros y los recursos que ya posee la universidad”, aseguró.