En el momento de la votación, el asambleísta César Rohón dejó la comisión. Foto: Roger Vélez / EL COMERCIO
Sin precisar nombres, responsabilidades políticas o cifras en sus conclusiones, la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional aprobó hoy, martes 10 de diciembre de 2019, el informe sobre los hechos relacionados con las protestas de octubre pasado.
El documento fue aprobado por el presidente de la Comisión, Fernando Burbano (BADI), el vicepresidente, Jaime Olivo, de Pachakutik, y los comisionados Doris Soliz, del correísmo; Héctor Yépez, de Creo; y Carlos Vera y Rosa Orellana, de Alianza País (AP).
El socialcristiano César Rohón, uno de los siete integrantes, se retiró de la sala antes de la votación con el argumento de que quería disponer más tiempo para revisar el texto que será remitido al Pleno.
Después de casi siete semanas de trabajo de esta Comisión, que recibió documentos y al menos 74 comparecencias, el informe contiene 10 conclusiones y ocho recomendaciones.
No se determina si por parte de la Policía hubo uso excesivo de la fuerza como tampoco se señalan responsabilidades por los actos vandálicos que se dieron en el paro, pero pide que las investigaciones por parte de la Fiscalía encuentre a los autores.
La principal conclusión es que el detonante de esta crisis fue el Decreto Ejecutivo 883 con el cual el Gobierno eliminó el subsidio a la gasolina y que fue derogado al cabo de 11 días de manifestaciones.
Por pedido del oficialismo, se agregó un párrafo en el que se indica que “es reprochable y que en ninguna circunstancia se justifica la violencia excesiva que se evidenció en las jornadas de protesta entre el 2 al 13 de octubre”.
El informe también condena todos los actos de violencia organizada, evidencia varias afectaciones económicas como producto del paro y la retención de periodistas y policías, aunque sin cuantificarlos.
También, señala que son inadmisibles todo tipo de acciones, expresiones y declaraciones racistas, misóginas, xenofóbicas y discriminatorias realizadas durante y después del paro. Y reprueba la actitud del Centro de Inteligencia Estratégica que no asistió a esta Comisión.
Entre las recomendaciones consta que el Gobierno en el plazo de 30 días informe a la Asamblea acerca de las observaciones internacionales que ha recibido el país en el contexto de las protestas.
Además, que en ese mismo lapso se presente un balance global sobre las personas fallecidas y heridas en el paro, pues la Comisión no logró establecer una cifra.
La aprobación del informe estuvo precedida de un debate en el que los comisionados hicieron ajustes al documento, que demoró casi tres horas a la votación.
La correísta Doris Soliz se lamentó de que en la parte fundamental del texto no aluda a sus coidearios Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Molina, quienes permanecen bajo la protección de la Embajada de México en Quito.
Tampoco a la situación que afrontan la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, su excolaborador Christian González, y el exasambleísta Virgilio Hernández, a quienes la justicia investiga por supuesta instigación a la rebelión.
Soliz llevó una carta firmada por los coordinadores del bloque de la Revolución Ciudadana (RC), Pabel Muñoz y Franklin Samaniego, para que la Comisión recomendara al Pleno el debate de una resolución sobre una posible amnistía para quienes afrontan procesos judiciales tras el paro.
Pero eso no fue acogido. El asambleísta Rohón replicó que “la Comisión no está en condiciones de recomendar o no una amnistía” y sugirió al correísmo que eso lo eleve como una moción ante el hemiciclo legislativo.
Al socialcristiano lo que le sorprendió es que, a diferencia de otras ocasiones, el vicepresidente de la Comisión, Jaime Olivo, de Pachakutik, brazo político de la Conaie, casi no participó de la discusión.
“Calladito estás. ¿Qué tienes allí guardado bajo la manga?”. Fue la pregunta que le hizo el socialcristiano, en tono de broma a Olivo.
Informe final de la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional
