3 de septiembre de 2019 16:10

Comisión de Fiscalización de la Asamblea determina aportes ilegales de empresas para Alianza País

El informe se enviará a siete instituciones como la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, la UAFE y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

El informe se enviará a siete instituciones como la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, la UAFE y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Foto: Flickr / Asamblea Nacional del Ecuador

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Roger Velez
Redactor (I)

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La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacioanl concluyó que, que entre 2012 y 2016, en el gobierno del ex presidente Rafael Correa, "se habría configurado e institucionalizado un sistema de corrupción público-privado altamente sofisticado, a través del cual el movimiento PAIS habría recibido aportes ilegales de contratistas del Estado, a cambio la adjudicación de contratos".

El tema consta en el informe que será remitido por esta Comisión al Pleno como producto de las investigaciones realizadas en los últimos dos meses sobre el denominado caso Arroz Verde.

"En el anterior Gobierno se manejó una banda organizada para delinquir", manifestó el legislador independiente Ángel Gende, uno de los nueve asambleístas de la Comisión que aprobó el texto.

La presidenta de esta Mesa, Johana Cedeño (AP), mencionó este martes, 3 de septiembre del 2019, que también se pudo determinar que hubo una contabilidad sobre las cuentas de campaña y otra, distinta de la organización política como tal.

El informe señala que estas irregularidades "no fueron detectadas por los actuales mecanismos de fiscalización, específicamente por parte de la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral del CNE" .

Entre los posibles indicios de irregularidades, se han identificado aportantes, cuyas declaraciones a la renta se encuentran en cero o que no constan registrados en el SRI; "es decir, el monto de sus aportes no es compatible con su declaración de impuesto a la renta; además, si se comparan productos y servicios similares reportados por las diferentes campañas, se observa variaciones significativas en sus costos, lo cual podría deberse a sobreprecios o a una facturación irregular de los proveedores".

Sobre los representantes legales de las empresas privadas aludidas en los informes objeto de este análisis, el documento indica que la mayoría presentaron excusas en el sentido de que ya están siendo parte de un proceso de investigación llevados por la Fiscalía o que no son sujetos de control político por parte de la Asamblea Nacional.

El informe se enviará a siete instituciones como la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, la UAFE y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Sin embargo, previamente requiere ser discutido por el Pleno, lo que depende que el presidente de la Asamblea, César Litardo, lo incluya en la agenda de las sesiones.

Desde el grupo correísta, el legislador Ronny Aleaga cree que se trata de un nuevo elemento de persecución política, aunque reconoció que todavía no ha revisado el informe.

"Lo único que tratan de hacer es de manchar el nombre, la buena imagen que han tenido nuestros líderes de la Revolución Ciudadana, pero ni siquiera tienen los argumentos, no guardan las formas", sostuvo.

El correísmo cuestionó que el caso Majano, que alude a la campaña electoral de 2017, no haya sido incluido en las conclusiones del documento.

En su parte final, el texto indica:

Recomendaciones

1. Enviar el presente informe y sus anexos a la Fiscalía General del Estado a fin de fortalecer las investigaciones en curso sobre el caso Sobornos 2012-2016.

2. Enviar el presente informe y sus anexos a la Contraloría General del Estado a fin fortalecer el examen especial a la asignación, administración y utilización del Fondo Partidario Permanente y Fondo de Promoción Electoral para la organización política Alianza PAIS.

3. Enviar el informe y sus anexos al Servicio de Rentas Internas del Ecuador a fin de que, en el marco de sus competencias, investigue las posibles infracciones tributarias en que pudieron haber incurrido las empresas privadas mencionadas y los sujetos privados, en el caso Sobornos 2012-2016; ya sea a través de cruce de facturas, realización de aportes ilegales, alteración de sus reportes contables, entre otros.

4. Enviar el informe y sus anexos al Ministerio del Trabajo a fin de que, en el marco de sus competencias, investigue los posibles prejuicios a los empleados de las empresas privadas mencionadas, en el caso Sobornos 2012-2016, ya que de comprobarse que las mismas realizaron aportes ilegales (sobornos) a funcionarios públicos, se pudo haber afectado los registros contables de las empresas, y, por lo tanto, mermado el monto de utilidades generadas.

5. Enviar el informe y sus anexos a la Unidad de Análisis Financiero y Económico a fin de aportar a sus investigaciones de los movimientos financieros de los exfuncionarios públicos, de los representantes legales de las empresas y de los sujetos privados mencionados en el caso Sobornos 2012-2016.

6. Enviar el informe y sus anexos a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de que, en el marco de sus competencias, incluya en sus investigaciones a las empresas privadas mencionadas, en el caso Sobornos 2012-2016.

7. Enviar el informe y sus anexos al Consejo Nacional Electoral a fin de aportar a las investigaciones sobre las posibles infracciones electorales que se pudieron haber cometido en las campañas comprendidas en el período del caso Sobornos 2012-2016; y para fortalezca su institucionalidad y su capacidad de control y vigilancia del origen de los ingresos, así como de su utilización.

8. Enviar el presente informe y sus anexos al Consejo Nacional Electoral, a la Contraloría General del Estado, a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, al Servicio de Rentas Internas, a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que se avance en el diseño e implementación de un sistema integrado de cruce de información financiera.

9. Enviar el presente informe a la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado, para que en el marco de sus competencias procedan a reiniciar o iniciar nuevas investigaciones, sobre la base de la denuncia de que la empresa Odebrecht no sólo habría procedido a financiar el accionar de organizaciones políticas, sino también el pago de sobornos a funcionarios públicos, para la obtención de contratos con el Gobierno Central y varios Gobiernos Descentralizados.

10. Enviar el presente informe y sus anexos al CNE, a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía General del Estado, a la UAFE y al SRI, a fin de que se investigue el manejo financiero de todos los partidos y movimientos políticos en las elecciones desde el 2012 al 2019.

11. Delegar a la Comisión de Fiscalización y Control Político que de seguimiento al cumplimiento de las acciones que los organismos de control lleven adelante sobre las denuncias objeto del presente informe.

12. Propuestas de reformas al Código de la Democracia:

a. El Consejo Nacional Electoral en conjunto con la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, la Fiscalía General del Estado, en el plazo de 180 días, implementarán un sistema descentralizado de interconexión de información financiera, que viabilice el control y la transparencia del financiamiento de los partidos y movimientos políticos, así como su gasto.

b. A fin de transparentar los aportes realizados para el financiamiento de los movimientos o partidos políticos, deberá incluirse como legítimas las contribuciones realizadas por personas jurídicas, con las mismas limitaciones de montos que rigen para las personas naturales.

c. En el marco de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, todo aporte de personas naturales y jurídicas, que supere US$ 5.000 dólares, debe presentar el formulario de origen lícito de fondos, conforme a lo exigido dentro del sistema financiero.

d. El Consejo Nacional Electoral, con anticipación a la realización de cada proceso electoral, actualizará los límites del Gasto Electoral, de forma técnica y ajustada a la realidad de cada circunscripción, el número de votantes, la extensión territorial, la inflación y los costos actualizados de mercado.

e. Previo a la realización de las campañas electorales, los movimientos y partidos políticos deberán presentar un presupuesto ajustado a los límites de gasto electoral, el mismo que será aprobado por el Consejo Nacional Electoral, y será normado mediante reglamento expedido por el Consejo.

f. El Consejo Nacional Electoral en un plazo de 180 días implementará un Sistema Contable del Financiamiento a las organizaciones políticas, a fin de que registren de manera obligatoria su contabilidad. El mismo que será gratuito y de acceso público.

g. La Contraloría General del Estado, en el marco de sus competencias, en el plazo de 180 días, creará su unidad especializada en el control del financiamiento y gasto electoral.

h. Si se demuestra que un candidato ha sido financiado con recursos ilícitos, luego de seguir el debido proceso, será descalificado o destituido; sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales, al candidato y a la organización política.

i. Si se demuestra que un partido o movimiento político ha sido legalizado de forma fraudulenta, luego del debido proceso, perderá esta condición; sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales.

j.Si en un plebiscito o consulta popular se determina, luego del debido proceso, que la campaña electoral de la propuesta ganadora ha sido financiada con recursos ilícitos, el proceso será declarado nulo; sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales.

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