La Comisión hará un informe sobre el trabajo de los servidores. Foto: Asamblea Nacional.
El caso de corrupción en Petroecuador abre la puerta hacia un posible juicio político contra los funcionarios a cargo de la investigación.
Esta semana, cuatro altos funcionarios del Estado irán a la Asamblea para informar si acogieron o no las siete recomendaciones que hizo la Comisión de Justicia, en su informe sobre las firmas ‘offshore’ constituidas por ecuatorianos en paraísos fiscales.
Carlos Pólit, contralor; Christian Cruz, superintendente de Bancos; Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas y el fiscal General, Galo Chiriboga asistirán a la Asamblea. Todos fueron llamados por la Comisión de Fiscalización.
Marisol Peñafiel, miembro de esa Mesa, asegura que el organismo legislativo analizará si los funcionarios fueron diligentes o no y si actuaron con celeridad en sus investigaciones sobre las empresas ‘offsshore’ de servidores públicos.
Una de las recomendaciones que hizo la Mesa de Justicia a la Contraloría fue aclarar las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de 11 exfuncionarios del Estado. De estos, seis ejercieron cargos en el área de gerencia, jurídico y contratación de Petroecuador.
Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de la estatal petrolera y exministro de Hidrocarburos, procesado por cohecho, fue nombrado en el informe legislativo y allí se recomendó que la Fiscalía indagara sobre un posible enriquecimiento injustificado, pues Pareja no pudo detallar cómo adquirió una casa valorada en USD 700 000 en Guayas, ni por qué nunca mencionó el bien en sus declaraciones patrimoniales.
Pareja, junto con Álex Bravo y Marco Calvopiña, exgerentes de la petrolera, han sido vinculados a una presunta red de corrupción. Según la Fiscalía, recibieron transferencias millonarias a través de firmas creadas en paraísos fiscales.
Actualmente, hay tres procesos penales y, por ahora, la red estaría formada por 21 personas; cinco detenidas: Bravo, Calvopiña, Diego T., exsubgerente de la Refinería de Esmeraldas, y los contratistas Javier Baquerizo y Eduardo V.
EL COMERCIO buscó la versión del abogado de Calvopiña, quien dijo que no está autorizado para dar declaraciones.
La Comisión de Fiscalización indicó que Chiriboga deberá responder sobre la investigación contra Pareja y por la forma cómo el exfuncionario evadió la justicia.
¿Qué hizo la Fiscalía para evitar que Pareja saliera del país? Esa pregunta ya la hizo Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, y para él hubo “lentitud” en las acciones judiciales.
Ya que un mes antes de su viaje, la mesa legislativa detectó las inconsistencias en su patrimonio. Pero hasta ahora, la Fiscalía espera el informe del Contralor para iniciar un juicio por ese delito.
“Vamos a ver si se siguieron los pasos. Claro, nos reservamos el derecho de dar paso a lo que dice el art. 131 de la Constitución”, asegura Peñafiel. La norma se refiere al juicio político contra autoridades que incumplan sus funciones.