La Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Guayas, pide la renuncia del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Foto: EL COMERCIO
La Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Guayas, demandó este jueves, 31 de agosto del 2017, la renuncia del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. En una rueda de prensa, en el norte de Guayaquil, los miembros del organismo indicaron que el funcionario tiene una “responsabilidad preponderante” en una presunta manipulación de la justicia.
Esto en referencia a los correos electrónicos filtrados en los que habría comunicaciones entre Jalkh y el expresidente Rafael Correa. Así lo dio a conocer la coordinadora provincial de la Comisión, Martha Roldós.
Ella afirmó que Jalkh ha confesado que las conversaciones son reales, pero ha cuestionado su filtración.“Es decir, Jalkh ha admitido la trama de manipulación de la justicia que los correos revelan. Al condenar la revelación de sus correos, Jalkh a su vez pone en evidencia la controlada justicia correísta que ha dejado por años en indefensión a ciudadanos que denunciaron la violación de su privacidad por parte del régimen”, anotó.
Según Roldós, es necesaria la renuncia del funcionario porque no puede estar al frente de ese cargo quien “ha participado de forma recurrente y sistemática de violaciones a la independencia interna y externa de la función judicial”.
Ella agregó que la situación confirmó que el expresidente tuvo injerencia en la justicia para perseguir a sus adversarios, opositores y a quienes criticaban sus prácticas.
“No es normal que pongan de rodillas a la función judicial, porque no es solamente que se enviaron correos, sino lo que esos correos dicen, eso es lo grave, en esos correos se revelan cómo Correa perseguía a Mery Zamora, cómo Correa perseguía a Clever Jiménez, cómo perseguían a los 10 de Luluncoto, a los estudiantes del Colegio Mejía…”, criticó.
Roldós añadió que es urgente en el país la realización de una consulta popular para destrabar la justicia y desmontar el aparataje que –según ella- ha instaurado el correísmo en esa función del Estado.
De su parte, Silvia Buendía, miembro de la Comisión, cuestionó que se haya tratado de naturalizar la injerencia entre funciones del Estado. “No es normal que el Presidente (de la República) maneje la justicia, nos han querido hacer ver y hacer pensar en los últimos 10 años que está bien que el presidente maneje todas las funciones, eso no es democrático”, fustigó.
Se pidió públicamente a la Fiscalía para que de forma inmediata inicie las investigaciones sobre estos hechos denunciados.