28 de abril de 2017 00:00

Comisión Anticorrupción opera con aportes voluntarios

Desde la izq: Simón Espinosa, María Arboleda, Julio César Trujillo, Jorge Rodríguez e Isabel Robalino, en una audiencia. Foto: Vicentes Costales / EL COMERCIO

Desde la izq: Simón Espinosa, María Arboleda, Julio César Trujillo, Jorge Rodríguez e Isabel Robalino, en una audiencia. Foto: Vicentes Costales / EL COMERCIO

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Fernando Medina

Las gruesas paredes de piedra y las grandes puertas de madera aíslan al convento de Santo Domingo, que permanece en completo silencio. Junto al patio principal hay un pasillo de madera que mide unos 50 metros de largo. Ahí la luz es tenue, solo una habitación al final está iluminada. Es el dormitorio de Isabel Robalino.

Falta poco para las 14:00 y la mujer de 99 años está en su silla de ruedas. Vestida con un saco gris de lana y con una cobija en sus piernas, cuenta que vive con los padres dominicos desde hace dos años.

Ahí le atienden tres enfermeras, que la acompañan cuando tiene que salir del convento. Generalmente lo hace tres veces por semana para reunirse con los miembros de la Comisión Anticorrupción.

Robalino entró en ese grupo el 30 de mayo del 2015. Ese día, siete organizaciones sociales, indígenas y de trabajadores nombraron en Riobamba a 11 personas para que investiguen casos de corrupción.

Simón Espinosa es uno de ellos. Este exsacerdote jesuita, periodista, escritor y profesor universitario recuerda que fue el exrector de la Universidad Andina, Enrique Ayala Mora, quien le propuso ser parte de esa agrupación. Él le dijo que escogieron a profesionales con un pasado íntegro y con una moral intachable.

Precisamente, eso se resaltó la semana pasada en el juicio penal que enfrentaron nueve de los comisionados por una querella que les impuso el contralor del Estado, Carlos Pólit.

Los abogados de Anticorrupción entregaron a la jueza Karen Matamoros copias de los pasados judiciales de los comisionados. Ninguno tenía antecedentes penales.

Cuando se escogió a los miembros de la comisión se tomó en cuenta el trabajo en derechos humanos y la lucha social. Eso se tomó en cuenta, por ejemplo, para nombrar a María Arboleda. La mujer de 63 años es docente del Hecua, un programa educativo de los Estados Unidos cuya representación en el país es el Instituto de Estudios Ecuatoriano. Es licenciada en sociología y ciencias políticas.

Su activismo por los derechos humanos se remonta a los años 80, en el gobierno de León Febres Cordero. En esa época recuerda que salía a las calles para protestar por las detenciones arbitrarias.
Eso lo plasmó en la revista Contrapunto y en la editorial Conejo, pues es fundadora de las dos instituciones. También, estuvo en las manifestaciones que vieron caer a los gobiernos de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.

Simón Espinosa recuerda esos episodios políticos. De hecho, su lucha contra la corrupción la empezó tras la salida de Bucaram. En 1997 se conformó la primera comisión para investigar actos irregulares.

En esas funciones denunció a 12 diputados, que fueron destituidos, por delitos contra la administración pública.

Luego fue parte de otra comisión que fue creada por el exalcalde de Quito, Paco Moncayo. Él le pidió que colabore en la indagación de hechos de corrupción en el Municipio.

Julio César Trujillo también es otro de los comisionados con experiencia en DD.HH.

El jurista, con más de 50 años de vida profesional, fue parte de la Comisión de la Verdad, creada por el presidente Rafael Correa en 2007. Ese organismo investigó supuestos crímenes cometidos en el gobierno de León Febres Cordero y estuvo integrada por cuatro miembros. En el acta de creación, que lleva la firma del Primer Mandatario, se señala que los cuatro eran personas de “intachable condición moral”.

Por eso, ahora le llama la atención que funcionarios estatales lo hayan procesado judicialmente por denunciar actos irregulares. Actualmente, Anticorrupción enfrenta cuatro demandas penales y civiles por calumnia, daño moral y denuncia maliciosa.

Pese a esto, los nueve miembros han dicho que continuarán con la denuncia de actos irregulares dentro de la administración pública.

El presupuesto

Los comisionados dicen que no hay una institución que los financie y aseguran que su presupuesto mensual no sobrepasa los USD 2 000.

Esos rubros son cubiertos con donaciones de la comisionada Isabel Robalino. Aunque vive en el convento, ella es dueña de una casa en la calle Guayaquil, en el centro de Quito. Allí tiene, al menos, cuatro locales que le generan arriendos. Con eso costea los gastos de los dos investigadores que trabajan con los comisionados. Sus nombres no pueden ser revelados por seguridad, pero son ellos quienes viajan e indagan en las notarías u oficinas gubernamentales.

Así es como han investigado ocho casos hasta el momento. Entre esos está la adquisición de los terrenos para la Refinería del Pacífico, la compra de los helicópteros Dhruv y los proyectos hidroeléctricos Toachi-Pilatón y Manduriacu.

Los investigadores son quienes consiguen documentos que revelan posibles irregularidades. Con base en esto, los miembros de la Comisión elaboran informes que deben ser aprobados por la Comisión.

Luego formalizan las denuncias, que son firmadas por todos los miembros. Aseguran que es una forma de hacerse responsables de las investigaciones. Jorge Rodríguez, coordinador de Anticorrupción, cuenta cada detalle de cómo actúan ante las denuncias.

Él también aporta dinero para cubrir gastos administrativos para indagar los casos.

Dicen que tratan de ahorrar al máximo. Por eso trabajan en una oficina que les prestó un abogado. El inmueble está ubicado en la av. 6 de Diciembre y Roca, al norte de Quito.

A ese sitio ha ido Isabel Robalino. A pesar de que está en una silla de ruedas cuenta que seguirá aportando. En el convento, cada mañana se levanta y reza en latín. En su cuarto hay imágenes de la Virgen María y del santo Tomás. Lee siempre el periódico y trata de revisar qué pasa con las denuncias.

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