04 de diciembre de 2019 19:43

Comisión analiza ajustes al pago con bonos a gobiernos locales

Comisión de Régimen Económico sesionó desde esta semana para elaborar el informe para segundo debate. Foto: Flickr de la Asamblea

Redacción Negocios

Comisión de Régimen Económico sesionó desde esta semana para elaborar el informe para segundo debate. Foto: Flickr de la Asamblea

La propuesta de que el Gobierno central pague con bonos del Estado las deudas pendientes con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), proveedores y universidades aplicaría solo si existe un acuerdo entre las partes.

Es la opción que evalúa la Comisión de Régimen Económico para ser incluida en el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de Ley de Simplicidad Tributaria.

Este es uno de los puntos conflictivos. Otros tienen que ver con aportes de las empresas telefónicas, la contribución temporal de las compañías que facturen más de USD 1 millón y las exoneraciones para que la banca entregue créditos a emprendimientos.

Daniel Mendoza (AP), titular de la mesa, sostiene que la cancelación con papeles “es una herramienta válida” y dará certeza de pago a los acreedores del Fisco. “No se trata de una emisión inorgánica ni de aumento de la deuda”.

Para la Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC), el tema debe tener límites, a fin de evitar abusos del Gobierno central.

“Un escenario de iliquidez puede llevar al Fisco a inundar el mercado de estos papeles y, con ello, hacer que el castigo o descuento que tengan que pagar los actores privados o GAD sea mayor”, comentó Esteban Melo (RC). El legislador sugiere que se establezca un límite en el monto de la emisión.

Vicente Almeyda (PSC) presentó una propuesta para que la entrega de estos títulos se haga por una sola vez y solo por el monto que está pendiente. Solicitó que los responsables de negociar esas obligaciones (municipios, prefectos, juntas parroquiales, universidades o proveedores) no sean responsables civil y penalmente siempre que el proceso pase por la bolsa de valores.

Las dos bancadas consideran que el informe para segundo debate se vote por partes, separando el tema impositivo de las exenciones y beneficios.

El Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope) acepta la propuesta gubernamental porque entiende que “el país está en una situación complicada”. La posición fue dada a conocer por el director ejecutivo de esta agrupación, Edwin Miño.

El tema es parte de los diálogos con el Gobierno, acotó el directivo. De los USD 235 millones de deudas que tiene el Ejecutivo con los GAD, un 10% se pagará en bonos y el resto en efectivo, hasta febrero.

Por su parte, Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), indicó que se sugirió al Gobierno devolver el IVA a los municipios pequeños y medianos con recursos para proyectos a través del Banco de Desarrollo, y para los municipios grandes mediante títulos. Recordó que ya tienen experiencia en la negociación de estos papeles.

Otro punto de discordia en la Comisión legislativa es el relativo a que las firmas telefónicas puedan devengar con obras de infraestructura el pago anual por uso del espectro. La Comisión analiza reducir el porcentaje de inversión planteado por el Ejecutivo, de hasta el 80%.

Mendoza aclaró que con esta medida se atenderían las necesidades de zonas rurales, pero la RC rechaza este planteamiento porque cree que el Gobierno debe ejecutar los proyectos y no terceros, pues creen que al final ellos pondrían el precio de la obra. El PSC también se opone.

Creo apoya el tema siempre que tenga como efecto colateral una reducción de tarifas para los usuarios, explicó Patricio Donoso, miembro del organismo legislativo.

Jorge Cevallos, director de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), considera que la propuesta del Ejecutivo es positiva porque las firmas privadas llegarán a zonas que no son rentables.

El impacto de la propuesta, sin embargo, será menor a la planteada en la ley económica que fue rechazada en noviembre pasado. Ahí constaba dentro del devengamiento el costo inicial por asignación de espectro, unos USD 800 millones. Hoy son unos USD 160 millones, por el pago anual. “Las comunidades son las grandes perdedoras, iban a ver en muy poco tiempo sus necesidades atendidas”, subrayó Cevallos.

Creo propuso que la contribución temporal aplique para empresas que facturen más de USD 10 millones, pero Mendoza dijo que finalmente quedará el texto enviado por el Ejecutivo. En el texto, sin embargo, no se incluirá la exoneración del impuesto a la renta (IR) a los intereses que reciba la banca por los créditos que conceda a emprendedores.

Varios asambleístas criticaron esta última iniciativa. El argumento es que beneficia a las entidades financieras y no a los emprendedores.

Entre los temas que tienen consenso, que son el 80% del texto, están las remisiones para créditos educativos y del agro e, incluso, se analiza ampliar a más sectores. También hubo acuerdo en eliminar el anticipo del IR, el IVA de 0% para maquinaria agrícola.

La Comisión tenía previsto sesionar a las 20:00 de este miércoles 4 de diciembre para votar el informe para segundo y definitivo debate . La Asamblea prevé tratar ese documento el lunes.

En contexto

El proyecto de Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria fue presentado el 21 de noviembre pasado, como reemplazo del proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que fue rechazado por la Asamblea en noviembre pasado.