16 de octubre de 2019 00:00

Focalización de subsidios requiere estudios

El combustible volvió a los precios anteriores, luego de que el decreto 883 fuera derogado el lunes pasado. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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María Vanessa Silva y Evelyn Tapia

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La nueva política de subsidios a los combustibles tomará más tiempo en conocerse.

Aunque estaba previsto que la decisión se conociera entre el domingo y ayer, tomará unos días más emitir el Decreto de focalización y racionalización de los subsidios, informó José Agusto, secretario de la Presidencia.

El documento reemplazará al Decreto 883, que eliminó el subsidio a las gasolinas extra y ecopaís y al diésel y motivó la protesta. Fue derogado por el presidente Moreno el lunes 14 de octubre del 2019.

A través de la focalización se pretende distribuir mejor los subsidios y, a la vez, mermar las actividades ilícitas como el contrabando.

La intención del Ejecutivo de racionalizar esas subvenciones no es reciente. A finales de agosto del año pasado ofreció establecer “una mesa de diálogo nacional para definir la mejor manera de focalizarlos en consenso con todos los sectores del país”, según consta en el Plan de Prosperidad.

Según el Ministerio de Finanzas, el Gobierno entabló diálogos sobre este tema, pero no de manera pública.

Llevar a cabo una política de racionalización de estas subvenciones requiere de estudios con proyecciones que midan el impacto de las decisiones a corto, mediano y largo plazo, destaca Fernando Reyes, presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros de Pichincha. Además, su aplicación es una tarea compleja.

Una opción es segmentar a los consumidores con base en la placa del vehículo. Así se podrá diferenciar a los vehículos según el costo del auto, consumo, antigüedad, etc. Con esto se fijaría precios para cada segmento, reflexionó Reyes.

Precios y subsidios de los derivados


El gasto en subsidio al diésel es el más alto para el Estado. En los últimos 10 años, la mitad de lo que se destinó a subsidios fue para el diésel, por lo que mantener la subvención no derivaría en un ahorro importante para el Fisco, que este año esperaba destinar USD 971 millones a ese rubro.

Alberto Acosta, editor de Análisis Semanal, menciona que para evitar que el diésel con precio subsidiado salga del país como contrabando en la frontera, el Gobierno podría implementar la focalización solo para el sector agrícola.

Él propone que se elaboren registros de agricultores medianos y pequeños que puedan acceder a diésel con subsidio a través de cupos de galones que se asignen a cada beneficiario, de acuerdo con el promedio de combustible que se estime que usen para sus actividades en el campo.

Una segunda alternativa sería compensar con bonos o ayudas económicas a los agricultores de escasos recursos que gastarán más por los combustibles, dice José Fuentes, docente de la Universidad de las Américas (UDLA).
En los dos casos, el reto para el Gobierno será determinar qué criterios tomará en cuenta para identificar y empadronar en los listados a todos los agricultores medianos y pequeños del país.

“La base de beneficiarios será muy grande y permeable, será muy complicado hacer controles, pero el país ya tiene experiencia en registros de este tipo, como con el bono de desarrollo humano”, dice Fuentes.

El informe ¿Pueden las transferencias del Gobierno hacer que la reforma de los subsidios energéticos sea socialmente aceptable?, presentado por el BID este año, detalla varias opciones de compensaciones en el caso de que se eliminen los subsidios.

El BID plantea subir el monto del bono de desarrollo humano o ampliar la base de beneficiarios. Esta fue una de las medidas que planteó el Gobierno el pasado 1 de octubre. Pero tras la eliminación del Decreto 883, el alza de USD 15 quedó en suspenso.

El BID también plantea asistencia sanitaria gratuita o bonificada a las personas más pobres; la emisión de vales de comida a grupos vulnerables o vales de transporte público con tarifas reducidas.

Para el transporte público, Acosta propone crear una tarjeta para los usuarios de buses. Así, por ejemplo, el usuario recargaría USD 0,25 en su tarjeta por el pasaje y el transportista registraría un pago de USD 0,35. La diferencia de USD 0,10 sería compensada por el Estado a los transportistas.

El estudio Balance y proyecciones del sistema de subsidios energéticos en Ecuador, de la organización alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), recomienda que el incremento escalonado de precios a los combustibles inicie con los productos de mayor consumo en sectores cuyos ingresos sean altos.
“Una vez que se haya fortalecido el esquema de medidas compensatorias para proteger a los grupos vulnerables, se puede continuar con los ajustes de precios más fuertes para los combustibles que revisten mayor importancia en los presupuestos de dichos grupos”, dice el documento publicado en el 2017.

Marco Naranjo, docente de la Politécnica Nacional, detalla que otra alternativa es crear un sistema en el que se identifique a la población con mayores ingresos y varios autos, a través del Servicio de Rentas, y que se les cobre más por el combustible, para compensar el subsidio del resto de la población.

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