El comandante de la Marina, vicealmirante Ángel Sarzosa, envió un oficio al ministro de Defensa, Ricardo Patiño, en el que le pide “se digne exigir la rectificación de la información difundida por el señor Presidente de la República en el último enlace ciudadano”.
Y también “conmina a quienes preparan las informaciones que son emitidas públicamente, se basen en información previamente verificada y contrastada de manera oficial, a fin de evitar el cometimiento de errores a las autoridades de Gobierno, las mismas que generan malestar al interior de las Fuerzas Armadas“.
El sábado, Correa habló nuevamente de supuestas diferencias entre los hijos de oficiales y de la tropa a la hora de ingresar en liceos navales.
Sarzosa incluyó en el oficio un cuadro estadístico con datos de los hijos de oficiales, de tripulantes y de civiles que han estudiado en los liceos navales desde el período lectivo 2011 – 2012. Y asegura que “la cantidad de los hijos de los tripulantes que cursan en los liceos navales de Quito y de Guayaquil llegan a sextuplicar al número de hijos de oficiales, hecho que se contrapone por lo aseverado por el señor Presidente de la República en el último enlace”.
Otros roces Gobierno – FF.AA.
Pero este no es el único roce. El viernes 13 de mayo, el director del seguro social militar (Issfa), Juan Francisco Vivero, pidió al Ministro de Defensa que exija a la Secretaría de Comunicación (Secom) que rectifique una información difundida la semana pasada en la que aseguraba que el Gobierno entrega USD 120 millones mensuales al instituto de las FF.AA. Vivero precisó que eso no es así.
Un día después, el Mandatario escribió un artículo en Diario El Telégrafo titulado ‘El Issfa no es una república independiente‘. Allí, Correa utilizó otra cifra. Dijo que “cabe indicar que el Issfa recibe USD 51 millones mensuales”.
Además, la semana pasada, los comandantes del Ejército, Marina y Aviación enviaron, por separado, oficios al Ministro de Defensa en donde piden que se convoque de forma “urgente” al Consejo Directivo del Issfa.
Los altos oficiales quieren analizar el débito de los USD 41 millones que el Ministerio del Ambiente supuestamente pagó en exceso al seguro militar por la compra de 66 lotes de terreno, en Samanes, Guayaquil.
El ministro de Defensa preside el Consejo Directivo del seguro social militar y es el único que puede fijar fecha para una reunión. El resto del Directorio está conformado por los comandantes de las tres ramas de las FF.AA., el jefe del Comando Conjunto, dos representantes de los oficiales y de la tropa en servicio pasivo y el director del Issfa.
El jueves 12, el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., vicealmirante Oswaldo Zambrano, dirigió también un oficio a Patiño y ahí pidió que quienes se refieran a los militares respeten la “institucionalidad” y “el trabajo cotidiano del personal militar”.
Dijo que los acontecimientos y declaraciones que se han dado en las últimas semanas “están generando una situación de intranquilidad y desmotivación manifiesta” entre los uniformados. Por eso pidió que se evitara la comparación (del Issfa) “con otros organismos o sucesos de la historia que no son comparables de ninguna manera a la situación actual”.
El 30 de abril, en su sabatina, el presidente Rafael Correa comparó el pago de los fondos de cesantía militar con la pirámide de Ponzi (operaciones fraudulentas de inversión).
Zambrano solicitó que se permita la participación militar en el tratamiento de aspectos legales, organizacionales e instrumentales de las FF.AA. Y evitar informaciones parciales “que distorsionan la integralidad de la verdad, que llevadas a un plano público genera la natural reacción humana de inconformidad”.