En la foto, la campaña por la consulta anticorrupción de este 25 de agosto de 2018 en Bogotá (Colombia). Foto: EFE
Los colombianos acudirán este domingo, 25 de agosto del 2018, a las urnas, por cuarta vez este año, para participar en una consulta popular que busca aprobar siete medidas para aumentar la lucha contra la corrupción, uno de los grandes problemas del país.
En las urnas los colombianos encontrarán una tarjeta con siete preguntas que tienen las opciones para marcar con un “Sí” o un “No”.
Dentro de las propuestas están reducir el salario de los congresistas, eliminar los beneficios para los políticos que sean acusados de hacer negocios con fondos públicos y que los parlamentarios estén obligados a rendir cuentas por sus inasistencias a las sesiones del Congreso.
Si la propuesta de los salarios es aprobada, los congresistas dejarán de ganar poco más de 31 millones de pesos (unos USD 10 400) al mes y recibirían 19,5 millones de pesos (USD 6 500).
Según Juan Carlos Galindo, director de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de organizar las elecciones, para que la consulta anticorrupción sea válida debe tener como mínimo la participación de 12.140.342 personas, es decir, la tercera parte del censo electoral.
Para que cada propuesta sea aprobada se requiere el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos depositados en las urnas. Los promotores de la consulta son optimistas y aseguran que más de 15 millones de personas emitirán su voto, lo que aseguraría su validez.
Además, están seguros de que cada pregunta tendrá una abrumadora mayoría a favor del “sí”. En contra de ese optimismo está el “cansancio electoral” que tienen los colombianos, que este año han votado en los comicios parlamentarios y en la primera y la segunda vuelta presidencial.
De acuerdo con encuestas hechas en los pasados años, el Congreso es precisamente la institución con la imagen más desfavorable por los problemas de corrupción en que han estado envueltos algunos de sus miembros. Muchos congresistas han sido acusados del desvío de fondos públicos en gobiernos locales liderados por alcaldes de su mismo grupo político, aunque el mayor escándalo data de 2006, cuando se descubrieron evidencias de nexos de legisladores con grupos paramilitares de ultraderecha.
Por ese caso, llamado por la prensa “parapolítica”, fueron condenados cerca de una veintena de políticos y casi 80 congresistas de las legislaturas 2002-2006, 2006-2010 y 2010-2014.