Colombia renovará equipo de paz con ELN en medio de frágil tregua

Designado en octubre de 2016, el exministro Juan Camilo Restrepo, de 71 años, dijo que saldrá de la delegación oficial para ocuparse de asuntos personales. Foto: AFP

Designado en octubre de 2016, el exministro Juan Camilo Restrepo, de 71 años, dijo que saldrá de la delegación oficial para ocuparse de asuntos personales. Foto: AFP

Designado en octubre de 2016, el exministro Juan Camilo Restrepo, de 71 años, dijo que saldrá de la delegación oficial para ocuparse de asuntos personales. Foto: AFP

El jefe negociador de paz del Gobierno colombiano con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejará el cargo en enero del 2018, cuando vence la primera tregua bilateral pactada con esa guerrilla, cada vez más escéptica frente a una eventual prórroga del alto al fuego.

Su relevo dará paso a una renovación del equipo que está al frente de las difíciles negociaciones en Quito con el ELN, el último grupo rebelde activo reconocido por el Gobierno, según anunció el presidente Juan Manuel Santos.

Designado en octubre de 2016, el exministro Juan Camilo Restrepo, de 71 años, dijo que saldrá de la delegación oficial para ocuparse de asuntos personales.

“Considero que el ciclo mío al frente del equipo negociador con el ELN se está cerrando, yo llevo año y medio al frente de estas negociaciones que no han sido fáciles; se han mantenido y se han hecho avances”, adujo en entrevista con Caracol Radio.

Tras su salida, que deberá concretarse en los primeros días de 2018, Santos remozará la delegación oficial de paz.

“Vamos a renovar el equipo y continuar el proceso, para ver si podemos reanudar el cese al fuego y continuar con la negociación”, afirmó el jefe de Estado en la sede de Gobierno.

Santos, que selló un histórico acuerdo que condujo al desarme y transformación en partido de la guerrilla comunista de las FARC, busca un pacto similar con el ELN en el último tramo de su mandato, que terminará en agosto.

Un nuevo aire

Restrepo hará efectiva su renuncia cuando esté por expirar el alto al fuego bilateral que está en vigor desde el 1 de octubre del 2017 y concluirá el 9 de enero del 2018.

Las partes, que dialogan desde octubre en Quito, se comprometieron a analizar su eventual extensión, pero el ELN puso en duda su prórroga este mismo lunes ante los “graves hechos” ocurridos en las últimas semanas.

“Aunque las partes hemos logrado sostenerlo (el alto al fuego) y ha traído alivios humanitarios para las regiones de mayor conflicto, también ha reportado, durante los 2 meses de ejecución, graves hechos que ponen en riesgo su continuidad”, señaló la organización en un comunicado.

Los rebeldes consideran como violaciones a lo pactado la muerte de nueve campesinos en una protesta cocalera -en una acción que en principio compromete a la fuerza pública-, así como “dos ataques” militares a campamentos del ELN.

Al mismo tiempo denunciaron “ataques” a guerrilleros presos.

De su lado, el ELN está envuelto en el asesinato de un gobernador indígena durante la tregua, un crimen que reconoció y por el que pidió perdón.

Cese al fuego “siempre va a acompañado de la palabra riesgo”, comentó a la AFP Víctor De Currea-Lugo, profesor de la Universidad Nacional y experto en temas de conflicto.

En su opinión, el relevo de Restrepo -de quien dijo representa un modelo “obstinado” de negociación- deberá traer “nuevos aires” a los diálogos en Quito de cara a una posible prórroga del alto al fuego.

En ese mismo sentido se pronunció el equipo negociador del ELN en Twitter: “Esperamos que la renovación del Equipo del Gobierno llegue con nuevos impulsos y dinámicas que permitan el avance de la agenda pactada el 30 de marzo de 2016. Nuestra voluntad como ELN sigue intacta”.

Además de interrumpir sus acciones militares, el ELN -con un ejército de unos 1 800 combatientes- se comprometió a suspender temporalmente los secuestros y ataques a la infraestructura petrolera.

El Gobierno, por su parte, afirmó que mejoraría las condiciones carcelarias de los guerrilleros, así como la seguridad de los líderes sociales y de derechos humanos, blanco de ataques que han dejado 200 muertos desde enero de 2016, según la Defensoría del Pueblo.

Aun cuando han reconocido violaciones, la ONU y la Iglesia, que verifican el alto al fuego, pidieron extender el acuerdo.

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