Bogotá, agencias
La tensión diplomática y comercial entre Ecuador y Colombia se intensificó en los últimos días por la decisión ecuatoriana de aplicar una salvaguardia cambiaria a 1 346 productos colombianos.
La medida, que para las autoridades ecuatorianas se enmarca dentro de la normativa andina -pese a que la Secretaría de la Comunidad Andina (CAN) tiene 30 días para pronunciarse-se justifica en la devaluación del peso colombiano, lo que resta competitividad a sus exportaciones.
Pero, para el ministro de Comercio de Colombia, Luis Guillermo Plata, esta acción es “ilegal” y reiteró que Bogotá estudia la posibilidad de aplicar represalias. La medida es sorprendente y tendrá un impacto del orden de los USD 200 millones para los empresarios colombianos, especialmente en los sectores automotor, textil, de lácteos, hortalizas, carne y cuero”.
El funcionario colombiano advirtió en Radio Caracol que su país analiza dos opciones: una, que es la vía jurídica, para demostrar la ilegalidad de la medida en la Secretaría de la CAN y en los tribunales andinos. Y, otra, que es retaliar con una medida similar.
“Simplemente, Ecuador decidió, de un día para otro, eliminar la preferencia andina. No surtió ningún proceso en la CAN”.
Plata tampoco descartó el llamado del Gobierno ecuatoriano para sentarse a dialogar. “Nos gustaría hacerles entender que no devaluamos el peso a nuestro antojo, sino que ello obedece a las ondulaciones del mercado. Ya quisiéramos el Ministro de Hacienda, el Banco de la República y yo manejar la moneda y poder revaluar o devaluar lo que nosotros quisiéramos, pero la verdad es que no funciona así. Creo que eso es fácilmente comprensible y se puede llegar a un acuerdo”.
Por su parte, los industriales colombianos están divididos respecto a la posibilidad de aplicar retaliaciones. El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Luis Carlos Villegas, señaló que “Colombia no puede sentarse de brazos cruzados y dejar que cada cual haga de nosotros lo que le parezca”.
Pero el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), Javier Díaz, dijo que una decisión en tal sentido sería “como si uno saca el revólver y se pega un tiro en el pie. El único afectado termina siendo uno” .
Díaz agregó que tomar “la vía de la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente, nos dejará ciegos y muecos (desdentados)”.
En todo este escenario, la Secretaría de la CAN ha mantenido silencio. El organismo de regulación andino debe decidir hasta el 15 de julio, primero, y, después en 30 días, si la medida es viable.