La zona rural de Puerto Asís (arriba) es de alta producción de coca. Foto: El Comercio
En medio de los extensos bosques, la hoja de coca pasa casi desapercibida. Está oculta. La planta, que crece hasta 2,5 metros, se camufla fácilmente entre pastizales del departamento colombiano del Putumayo.
En esa y otras zonas de Colombia, los cultivos ilícitos se extendieron en el 2014. El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), publicado en julio del 2015, revela que el área de sembríos de coca aumentó un 44%. De las 48 000 hectáreas en el 2013 pasó a 69 000 ha en el 2014.
En Puerto Asís, un poblado de unos 60 000 habitantes y que limita con Sucumbíos, más del 90% de campesinos se dedica al monocultivo de coca.
Es el sustento de las familias que viven en las zonas rurales.
El martes 29 de diciembre, un equipo de EL COMERCIO llegó hasta ese municipio, ubicado a tres horas de Lago Agrio. El casco urbano de esa comunidad se oscurece pasadas las 21:00, cuando los comercios cierran sus puertas.
No hay alumbrado público, pese a que el 80% de ingresos económicos de Putumayo, donde está Puerto Asís, proviene del petróleo.
La pobreza es patente, sobre todo en la zona rural. La gente vive en pequeñas casas de madera y zinc, sin agua potable ni alcantarillado.
A los pocos campesinos dedicados a cultivar yuca y maíz les toma días enteros salir desde sus comunidades hasta el área urbana. Ante la falta de buenas carreteras (la mayoría lastradas y angostas) y de transporte, los agricultores movilizan los alimentos a pie, pero la larga travesía estropea los productos.
Esa es una de las razones por las que la población rural prefiere sembrar plantas de coca.
Los campesinos saben que esta actividad es ilegal, pero transportan las hojas en mochilas a Puerto Asís y a otras zonas del Putumayo, para venderlas a organizaciones vinculadas con el narcotráfico.
“Es una venta segura, siempre hay alguien que quiere comprar, lo que no ocurre con otros cultivos”, comenta un agricultor de esa zona colombiana. La tierra permite cosechas de coca hasta tres veces al año. Por cada gramo de las hojas de esa planta, los grupos delictivos y la guerrilla pagan 1 500 pesos, unos
USD 0,50 con la cotización actual del mercado.
Ese, al menos, es el promedio del valor que cancelan las organizaciones criminales. Sin embargo, los precios varían de acuerdo con la mafia o grupo subversivo que compra la hoja. “Esos pagos solo aseguran la comida. No alcanza para más”, lamenta un hombre de 60 años que dedicó la mayor parte de su vida a labrar la tierra en Puerto Asís.
El agricultor es el eslabón más débil en el proceso de producción de la cocaína, que se concentra en el Putumayo.
Militares ecuatorianos hacen controles permanentes en la frontera. Foto: El Comercio
Investigaciones policiales revelan que de 1 kilo de cocaína, los campesinos colombianos se quedan solamente con el 1% de las ganancias.
El 49% se reparte entre las redes de distribución local e internacional al por mayor, y al pago de servicios logísticos a favor de los grandes carteles.
El otro 50% de réditos se queda en manos de los microtraficantes, que operan en las calles de las grandes ciudades.
En Quito, por ejemplo, los expendedores de narcóticos al menudeo venden de USD 10 a 20 el gramo de cocaína.
Todo depende de la pureza del estupefaciente, advierten investigadores a este Diario.
Los millones que mueve el negocio explican las violentas disputas por el control de los cultivos en Putumayo y en otras zonas del sur de Colombia.
No solo los guerrilleros del Frente 48 de las FARC están detrás de los ataques, también las bandas criminales (‘bacrim’) como Los Rastrojos, La Constru, o las Águilas Negras.
El martes 29, en Puerto Asís todavía se hablaba de los crímenes contra dos hombres y una mujer perpetrados en ese municipio, cuatro días antes, el 25 de diciembre. La Policía no entregó datos de estos asesinatos, pero por reportes locales se conoce que en esa localidad opera sobre todo La Constru, una ‘bacrim’ dedicada al narcotráfico y a la extorsión.
No se descarta que el móvil detrás de esas muertes esté relacionado con un probable ajuste de cuentas.
En la zona rural de Puerto Asís hay 40 Juntas de Acción Comunal, pueblos pequeños con 50 familias cada uno.
Los líderes campesinos de estos poblados no saben qué pasará una vez que Colombia firme la paz con las FARC, el 23 de marzo próximo, según lo anunciaron los negociadores.
En esas comunidades, el cultivo de coca es tan común desde los años 80 que desconocen si la tierra estará preparada para otro tipo de sembríos. El posconflicto es la gran duda entre los agricultores.