La empresa colombiana Montagas distribuye el carburante a las poblaciones de 11 municipios de dos departamentos que colindan con Ecuador. Foto: José Mafla / EL COMERCIO
Desde hace dos meses y medio, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia intenta reducir el contrabando de gas doméstico ecuatoriano que ingresa a ese país por la frontera.
Para ello, aplica un subsidio a los estratos considerados pobres y de extrema pobreza. De esa manera, el costo del cilindro baja entre 40 y 50%. Los hogares subsidiados reciben mensualmente un tanque de 14,6 kg en USD 12. El precio oficial es de USD 18.
La medida rige en los municipios Cumbal, Guaitarilla, Ipiales, La Unión, Samaniego, Tumaco y Sandoná, en el departamento de Nariño, frente a Carchi y Esmeraldas. También en Orito, Villagarzón, Puerto Asís y Valle del Guamuez, en el departamento de Putumayo, frontera con Sucumbíos.
La medida gubernamental colombiana deja al margen el uso del gas ecuatoriano y crea un importante nicho de usuarios que ahora prefiere el carburante de ese país por el precio favorable, sostiene Lida González, responsable de la Regional Sur de la empresa colombiana Montagas. Sin embargo, no entrega cifras, por ‘seguridad’, dice.
Esta empresa, que participa en el programa de subvención, indica que el número de abonados va en crecimiento. González no da detalles de ese aumento, pero cree que las familias de Ipiales están dejando de consumir el combustible ecuatoriano por el subsidio, el servicio rápido y personalizado y a domicilio.
Un estudio socioeconómico determina -a través de un software- la condición social y económico de las familias. Los beneficiarios del proyecto reciben el cilindro, previo el pago del contenido, pero deben entregar el envase ecuatoriano.
Carmen Rosero, quien reside en el norte de Ipiales, entregó el cilindro azul ecuatoriano y recibió el de color negro de Montagas. Ella accede al producto con un 40% de subsidio. Esta mujer dice que después de más de dos décadas optó por dejar el combustible extranjero (ecuatoriano).
Los cilindros ecuatorianos, que son entregados a los distribuidores en Ipiales, y otros municipios, son destruidos, como una estrategia que busca sacarlos de circulación y del mercado. Miguel Rojas, periodista de Radio Caracol, comenta que el monto del subsidio varía entre USD 6 y USD 10 aproximadamente, dependiendo del estrato determinado por el Estado.
María Paspur llegó hasta las oficinas de Montagas en Ipiales con la finalidad de conocer si era beneficiaria. Ella cuenta que el gas ecuatoriano tiene constantes variaciones de precio e incluso llegó a costar hasta USD 23, por la especulación. Mientras que Carmen Yamá, dueña de un puesto de pescado cerca a la Concha Acústica de Ipiales, dice que se acogió al subsidio y resolvió dejar el gas ecuatoriano por los fuertes controles que efectúan las autoridades fiscales, incluido el decomiso de los envases. Espera que el subsidio perdure.
“Estamos garantizando la entrega a domicilio”, indica González. En la oficina de Montagas de Ipiales, dos recepcionistas atienden cada cinco minutos los pedidos. A través de un sistema de radiocomunicaciones piden a los más de 25 vehículos distribuidores, que inmediatamente vayan a las casas y despachen las solicitudes.
El gas ecuatoriano todavía existe en Ipiales, pero es comercializado en barrios considerados peligrosos. Hasta hace tres años se expendía en bodegas ubicadas junto al mercado central, pero las acciones policiales terminaron con ese tipo de negocio para combatir el contrabando.
En la Regional de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero de Ecuador saludan la iniciativa colombiana. No tienen mayores pormenores, pero defienden también las acciones que llevan adelante en Tulcán, donde la distribución ahora es normal, según Paúl Merchán, director regional.
En Carchi son distribuidos mensualmente 82 000 envases, de los cuales 42 000 se quedan en Tulcán. Sin embargo, el cantón Huaca -con la menor población provincial- es el que registra un mayor consumo.
En esa jurisdicción, las autoridades entregarán a las familias de escasos recursos 400 cocinas de inducción eléctrica de dos quemadores para sustituir el uso del gas.
Según Merchán, un estudio arroja que Carchi es la provincia en la cual existe mayor consumo de ese combustible en el país. Se calcula que cada familia recibe 2,5 cilindros frente a la media nacional que está en 1,65 cilindros.
El análisis toma en cuenta la geografía, población y demografía de cada jurisdicción.
La Agencia deRegulación y Control Hidrocarburífero sostiene que aproximadamente 20 000 envases deberían salir de circulación en la provincia fronteriza de Carchi.
En esa zona se aplica el uso de la Tarjeta Inteligente. Fue creada para regular el control de distribución en Tulcán, El Carmelo y Urbina, a través de una comercialización electrónica. Ha sufrido algunos cambios con el propósito de evitar su clonación o mal uso.
La Agencia asegura que 900 tarjetas fueron clonadas y 400 fueron retiradas del mercado, las cuales habrían sido utilizadas por los contrabandistas para abastecerse y movilizar el carburante a Colombia.
En contexto
El gas ecuatoriano subsidiado es llevado a las poblaciones fronterizas de Colombia de forma ilegal. En esas zonas, el tanque es vendido a más de USD 20, debido a que el producto colombiano no tenía ningún tipo de subvención y no llegaba a los pobladores de la frontera.