27 de febrero de 2020 09:43

Asesinatos de activistas llegaron a niveles históricos en Colombia

Decenas de protestantes en el centro de Bogotá asistieron a la vigilia por las víctimas del comflicto armado en Colombia, el 25 de febrero de 2020. Foto: AFP / Raúl Arboleda

Decenas de protestantes en el centro de Bogotá asistieron a la vigilia por las víctimas del conflicto armado en Colombia, el 25 de febrero de 2020. Foto: AFP

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Agencia EFE

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Los asesinatos de activistas y defensores de derechos humanos llegaron el año pasado a "niveles históricos" en Colombia impulsados principalmente por la violencia del conflicto armado y las disputas entre distintos grupos ilegales.

Así lo denunció este jueves 27 de febrero de 2020 Amnistía Internacional (AI), que en su informe "Los derechos humanos en las Américas: retrospectiva 2019", señaló que "la violencia provocada por el conflicto armado interno en curso y por las disputas sobre el control territorial tras la firma del acuerdo de paz de 2016 causó estragos".

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, citadas en el estudio, entre "la firma del acuerdo de paz en (noviembre de) 2016 y junio de 2019 habían muerto de manera violenta 482 defensores y defensoras de los derechos humanos".

Ente tanto la ONG Somos Defensores "registró 591 ataques contra defensores y defensoras (29 % de mujeres y 71 % de hombres) entre enero y junio de 2019, que incluían 59 homicidios y 477 amenazas de muerte".

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Violencia e impunidad
Según AI, en 2019 continuó la preocupación en Colombia "ante la impunidad de los crímenes" cometidos durante el conflicto armado, así como contra defensores de derechos humanos y la violencia contra las mujeres, "en especial la violencia sexual".

"La ausencia de autoridades del Estado y su desatención hacia los territorios controlados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dejaron un vacío de poder en zonas históricamente disputadas por varios grupos armados por sus recursos naturales o su ubicación estratégica", detalló.

Esto agravó "problemas estructurales" como desigualdad, exclusión y pobreza extrema que afectan principalmente a campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas, "con distinto impacto en función del género".

El caso Cauca
Como ejemplo de la violencia que vivió el país en 2019, AI citó lo ocurrido en octubre de 2019 en el turbulento departamento del Cauca (suroeste), donde 15 personas, entre ellas cinco líderes indígenas, fueron asesinadas en cinco días.

"La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) declaró que en el país moría de manera violenta una persona indígena cada tres días", añadió Amnistía Internacional.

El organismo insistió en que esos ataques están relacionados con "causas estructurales del conflicto armado", como disputas en torno a la tierra y a los recursos naturales.

"Muchos defensores y defensoras participaban en la reclamación de derechos colectivos relativos al reconocimiento y la protección de los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas", resaltó el organismo y añadió que esas zonas "eran a menudo objeto de disputas entre grupos armados por motivos de interés económico y control social".

Cinco conflictos no internacionales
En enero de 2020, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), citado en el informe, declaró que en Colombia había al menos cinco conflictos no internacionales.

Cuatro de ellos implicaban al Gobierno contra las guerrillas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), así como con las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y disidentes de las FARC.

"El quinto conflicto armado no internacional implicaba al ELN y el EPL y se centraba en la región del Catatumbo (fronteriza con Venezuela)", añadió AI.
Igualmente mencionó la revelación que hizo el senador Roy Barreras de que ocho menores de edad murieron en una operación militar en agosto pasado contra un campamento de disidencias de las FARC en el sureño departamento de Caquetá.

"Otra información señalaba que podían haber sido 16 los niños y niñas muertos en el ataque. Esta revelación y el hecho de que el Gobierno la hubiera ocultado dieron lugar a la dimisión del ministro de Defensa Guillermo Botero en noviembre", recuerda el informe.

Amnistía Internacional también advirtió que entre enero y julio de 2019 más de 32.000 personas fueron desplazadas de sus hogares y más de 350.000 "se vieron afectadas por graves restricciones a la libertad de circulación y al acceso a servicios básicos. Las consecuencias las sufrían principalmente las comunidades indígenas y afrodescendientes".

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