5 de junio de 2019 23:19

Senado de Colombia asciende a jefe del ejército cuestionado por vinculos con ejecución extrajudicial de civiles

El general Nicacio Martínez, comandante del Ejército de Colombia, es promovido a general de cuatro soles, después de un debate sobre las ejecuciones extrajudiciales en la Comisión Primera del Senado este miércoles, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE

El general Nicacio Martínez, comandante del Ejército de Colombia, es promovido a general de cuatro soles, después de un debate sobre las ejecuciones extrajudiciales en la Comisión Primera del Senado este miércoles, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE

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Agencia AFP

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El Senado de Colombia aprobó este miércoles 5 de junio del 2019 el ascenso a general de cuatro soles del comandante del Ejército, Nicacio Martínez, cuestionado por la oposición y organizaciones internacionales por la ejecución extrajudicial de civiles a manos de tropas bajo su mando.

Con 64 votos a favor y uno en contra, la plenaria de la cámara alta aprobó elevar de rango a Martínez y otros 12 militares y policías. La oposición, que es minoría y desaprueba su ascenso, no votó ante la imposibilidad de escrutar de forma separada a cada uno de los aspirantes.

Martínez, que este miércoles 5 de junio del 2019 pasó de mayor general a general, es señalado por organizaciones internacionales como Human Rights Watch de comandar una brigada investigada por asesinatos de civiles y vínculos con el paramilitarismo.

Martínez fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada del Ejército, que opera en el norte del país, entre octubre de 2004 y enero de 2006.

La fiscalía colombiana, según HRW, ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones perpetradas por soldados de esa unidad en 2005.

La ONG asegura que el general además firmó un documento en el que certifica el pago de unos 400 dólares a un informante que habría ayudado a alcanzar “ excelentes resultados ” en dos operaciones militares.

En una de ellas los uniformados reportaron la muerte de un hombre y una mujer que supuestamente pertenecían a la guerrilla FARC, que se desarmó tras firmar un histórico acuerdo de paz en 2016.

Pero la justicia concluyó que los asesinados eran los indígenas Hermes Enrique Carrillo Arias y Nohemí Esther Pacheco, de 13 años.

La sombra de “falsos positivos”

En 2011 un tribunal condenó a dos soldados y un exparamilitar por estos homicidios, al concluir que las víctimas fueron sacadas por la fuerza de su vivienda.

Posteriormente los mataron, les pusieron armas e informaron que se trataban de rebeldes de las FARC caídos en combate, una modalidad que en Colombia se conoce bajo el eufemismo de “falsos positivos”.

En 2013 un tribunal superior ordenó a la fiscalía que investigara “la posible conducta por omisión de controles en que hayan podido incurrir los superiores”, según un comunicado de febrero de HRW.

Sin embargo, Martínez asegura que no hay investigaciones en su contra y reivindica su inocencia alegando que en la brigada solo ejercía labores administrativas.

El oficial agradeció su promoción y dijo que estará atento a cualquier llamado del poder judicial. “Si consideran que deben investigar, lo hacen” , dijo a la prensa.

Martínez asumió la jefatura del ejército en enero por orden del presidente Iván Duque.

El general ha estado en el ojo del huracán por una publicación del 19 de mayo de The New York Times que denuncia incentivos dentro del ejército que pondrían en riesgo la vida de los civiles.

Aunque en primera instancia el gobierno refutó la información, tras el escándalo el ejército anunció que revisaría la instrucción a las tropas.

Bajo el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) , padrino político de Duque, aumentaron las ejecuciones extrajudiciales a manos de militares de civiles que presentaban como guerrilleros caídos en combate, conocidas internamente como “ falsos positivos ” .

La fiscalía ha documentado al menos 2 200 casos de civiles asesinados bajo esa modalidad entre 1988 y 2014, aunque el 60% sucedieron entre 2006 y 2008. HRW calcula en unos 3 000 los civiles asesinados durante el gobierno de Uribe.

Alrededor de un millar de uniformados han sido condenados por estos hechos, según el ente investigador.

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