13 de mayo de 2020 00:00

Colegios deben notificar cierres al Ministerio de Educación

Ernesto Noboa, director de la Junta de Beneficencia, en la graduación del periodo 2018-2019, en la unidad Marillac. Foto: cortesía Junta de Beneficencia de Guayaquil.

Ernesto Noboa, director de la Junta de Beneficencia, en la graduación del periodo 2018-2019, en la unidad Marillac. Foto: cortesía Junta de Beneficencia de Guayaquil.

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Elena Paucar
Redactora (I)

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Quieren seguir funcionando, pero los alumnos matriculados no superan el 25% en algunos de sus planteles. Esa es la realidad de la Red Educativa Arquidiocesana (REA), que agrupa a 29 establecimientos educativos, la mayoría en zonas populares de Guayaquil.

Su representante, Mariuxi Chavarría, señala que están “tratando de sobrevivir” en medio de la crisis que ha generado la pandemia por el covid-19 en el sistema de educación particular del ciclo Costa. Un primer impacto causó la reducción del 20% de la nómina de colaboradores, que hasta el 2019 sumaba 750 personas.

Las pensiones fluctúan entre USD 25 y 75; los montos más altos ayudaban a financiar a los planteles de menor costo. Pero Chavarría asegura que la presión generada en torno a los descuentos les afectó. Ahora analizan estrategias para dar atención a sus estudiantes, que hasta el año pasado sumaban cerca de 13 000.

“Todavía no hay una decisión final. Entendería que, como tenemos algunas escuelas, se hará una reubicación, aunque empezamos con clases virtuales. Arrancaríamos el año ajustándonos para sobrevivir”, reitera la representante.

La Subsecretaría de Educación de la zona 8, que reúne a los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, ha receptado hasta ahora oficios de cierre de dos planteles particulares. Pero la cifra podría aumentar hasta el viernes 15 de mayo, que es la fecha tope para informar los cierres.

La Unidad Educativa Santa Luisa de Marillac, regentada por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, dejó de funcionar después de casi 90 años de servicio. Tenía 1 600 alumnas y 40 docentes. El lunes pasado, un grupo de padres y maestros pidió con un plantón que no se cerrara la institución.

“Estamos muy apenados pero esta pandemia ha sido terrible”, dice su rectora, Lupe Garay. La decisión fue tomada por el directorio de la Junta de Beneficencia. En un comunicado explican que el origen está en la crisis financiera que afrontan, sumada a la morosidad del pago del servicio educativo y la baja matriculación.

“La emergencia ha ocasionado la paralización y retrasos de importantes actividades que generan fondos para nuestra entidad, como lo son la Lotería Nacional y el área inmobiliaria”, cita el documento.

Como solución ofrecen cupos en la Unidad Educativa José Domingo de Santistevan, también parte de la institución, bajo los costos de matrícula y pensiones fijados para este año. Las solicitudes de aceptación se recibirán hasta el jueves 14 de mayo, vía correo electrónico.

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), los cierres de planteles se deben notificar con cuatro meses de anticipación. Debido a la emergencia ese plazo se redujo a 15 días antes del inicio de clases, previsto para el 1 de junio en el ciclo Costa.

La subsecretaria de la zona, Alexandra Higgins, dijo que los establecimientos deben contar con planes de contingencia para garantizar la continuidad de la formación de sus estudiantes. “Estamos haciendo los trámites de cierre con las instituciones educativas, confirmaremos a los padres a qué colegios irán sus hijos y brindaremos cupos en el sistema fiscal para quienes lo requieran”, dijo.

Debido a la crisis por el coronavirus, el Ministerio de Educación amplió el plazo de las matrículas extraordinarias y de los traslados dentro del sistema educativo. Así, desde el 4 de mayo hasta inicios de esta semana, la zona 8 registró 14 100 matrículas extraordinarias. Mientras que los traslados hasta el lunes llegaron a  9 359 trámites, tanto dentro del sistema público como de colegios particulares a fiscales.

El año escolar 2019-2020 el ciclo Costa registró 2,2 millones de estudiantes. Los planteles públicos agruparon al 82%, mientras que los particulares reunieron al 15%.

Víctor Hugo Calderón, integrante de la Corporación Ecuatoriana para la Calidad de la Educación (Corpeducar), asegura que el aplazamiento del inicio del año escolar, inicialmente fijado para el 4 de mayo, y los anuncios de acuerdos en cuanto a montos de pensiones y matrículas han agravado la situación de los establecimientos particulares. “Si esperamos que sean las unidades educativas las que asuman todos los descuentos tendremos muchos colegios que empezarán a retirarse”.

A finales de abril, los gremios de la educación particular advirtieron las consecuencias de postergar el inicio de clases para la Costa. En una carta dirigida al presidente Lenín Moreno detallaron que los establecimientos privados atravesaban “situaciones financieras muy apremiantes” que podrían llevarlas al colapso.

La zona 8 registra 842 000 estudiantes, aproximadamente. Los posibles cierres en el sistema privado podrían generar un aumento de la matrícula en el sistema fiscal. Frente a esto, la subsecretaria Higgins informó que cuentan con los cupos suficientes en el sistema.

Pero Agustín Lindao, presidente nacional de la Red de Maestros por la Educación, considera que el sistema público debe afrontar otras falencias antes de recibir más alumnos en el nuevo año. “Hay sondeos que indican que entre el 65 y 75% de estudiantes del sector público no tiene herramientas tecnológicas. Pueden tener Internet, pero no un computador”.

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