El Colegio de Economistas del Guayas presentó este lunes 28 de marzo nueve sugerencias al Gobierno para superar la situación económica adversa. A través de una rueda de prensa, en Guayaquil, el gremio propuso que se ejecute una verdadera depuración del gasto gubernamental, particularmente del gasto corriente. Este, según el gremio, debe flexibilizarse en los términos del ingreso real del Presupuesto General del Estado.
El Colegio de Economistas también propone al Gobierno que retire definitivamente las propuestas de reformas a los impuestos a la herencias y la plusvalía, que generan incertidumbre en el sector de la construcción y ya han provocado su contracción; que archive cualquier propuesta de implementación de mecanismos de control de las divisas, como medio para equilibrar la balanza de pagos; que revise el mecanismo de cobro del 5% de impuesto a la salida de divisas; y que declare una moratoria de propuestas de cambios o reformas a la ley, al reglamento y al código tributario, como también a las normativas del Servicio de Rentas Internas.
“Hay un sinnúmero de ministerios que han hecho que el gasto público se haya incrementado. Lo que pedimos es que haya una reducción de al menos un 10% en el gasto por salarios”, dijo Larry Yumibanda, presidente del colegio de profesionales.
El gremio también cree conveniente que el Gobierno evalúe la pertinencia de mantener el cobro del Anticipo del Impuesto a la Renta. También, que modifique los mecanismos de los impuestos indirectos, los que a criterio del gremio “se convierten en incentivos al contrabando y perjudica las actividades económicas formales, como tampoco frenan las compras al exterior”. Se refieren al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).
El Gobierno prevé enviar esta semana a la Asamblea un proyecto de reforma tributaria para incrementar el ICE a los cigarrillos, licores y a un grupo de bebidas gaseosas. Con ello, espera recaudar USD 300 millones.
Finalmente, el gremio considera necesario que el Gobierno democratice el paquete accionario de las empresas públicas que sí rinden utilidades, y se evalúe la pertinencia de mantener otras que no arrojan utilidades.
El vicepresidente del gremio, Max Chica consideró que el Gobierno debe enviar mensajes de certidumbre económica a los agentes productivos. “Si las empresas generan rentabilidad, el Gobierno gana dinero.”