Manifestaciones en los exteriores de la Asamblea Nacional, durante el debate de las enmiendas constitucionales, 3 de diciembre del 2015. Foto: EL COMERCIO
Organizaciones sociales, indígenas y sindicales sostienen que en el país más de cien personas han sido objeto de supuesta criminalización de la protesta social, desde agosto del 2015, en que hubo una serie de manifestaciones en contra del Gobierno.
Las protestas comenzaron con una marcha que salió desde Tundayme, en Zamora Chinchipe, rumbo a Quito, como parte de un levantamiento indígena. Desde el 13 de agosto, en que se realizaron las primeras marchas que se tornaron violentas en Quito, Macas, Loja, Latacunga, etc., hubo decenas de detenidos.
El lanzamiento de la campaña denominada Resistir es mi derecho está previsto para las 10:00 de mañana, martes 15 de marzo del 2016, en la sede de la Conaie, en el norte de Quito.
Según la denuncia, estas personas han sido acusadas de sabotaje, ataque y resistencia, además de paralización de servicios públicos. En el comunicado de prensa que anuncia la protesta se dice que ya se han emitido sanciones y sentencias y que en ciertos casos existe la posibilidad de recibir penas de entre seis meses y siete años de prisión.
El nombre de la campaña se basa en lo que dispone el artículo 98 de la Constitución de Montecristi, que postula el derecho de las personas y los colectivos a ejercer el la resistencia “frente a acciones u omisiones del poder público” o las personas e instituciones que podrían vulnerar otros derechos constitucionales.
Para hacer su denuncia, los promotores de esta iniciativa crearon el sitio web Resistiresmiderecho.org
en donde hay textos y videos con los testimonios de las personas apresadas en distintos puntos del país. Allí narran las agresiones de las que afirman haber sido víctimas cuando fueron detenidas.