5 de marzo de 2020 18:13

Colectivos cuestionan al Estado por aumento de la violencia a la mujer en Ecuador y convocan a marcha del 8 de marzo

La Coalición de Mujeres, Acuerdo 2030, la Red Interuniversitaria Feminista sobre el Acoso Sexual y Fundación Desafío ofrecieron una rueda de prensa la mañana de este jueves 5 de marzo de 2020. Foto: Twitter / @DesafioDerechos

La Coalición de Mujeres, Acuerdo 2030, la Red Interuniversitaria Feminista sobre el Acoso Sexual y Fundación Desafío ofrecieron una rueda de prensa la mañana de este jueves 5 de marzo de 2020. Foto: Twitter / @DesafioDerechos

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Redacción Elcomercio.com

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En una rueda de prensa conjunta de varias organizaciones de mujeres, como la Coalición de Mujeres, Acuerdo 2030, la Red Interuniversitaria Feminista sobre el Acoso Sexual y Fundación Desafío, las ONG's hicieron un llamado para que el Estado asigne presupuesto para la ejecución del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos. 

En diciembre del 2019, se anunciaron recortes presupuestarios significativos a la prevención del embarazo adolescente y a la ejecución de la Ley para Erradicar y Prevenir la Violencia Contra la Mujer. En el caso del primer rubro, el Ministerio contaba el año anterior con un presupuesto de USD 5,6 millones, pero en la Pro forma 2020 se redujo a cero. Respecto a la Ley para Erradicar la Violencia, la asignación bajó en un 84%, de USD 5,4 millones a USD 876 862. 

Lizzi Ernest, de Acuerdo 2030, cuestionó que los recortes al Plan Nacional llegan en un contexto en el que el Estado gasta presupuesto en la organización de un circo sobre hielo para la difusión en distintos puntos del país de los programas del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

“Las prioridades del Gobierno no están en la defensa de los derechos de las mujeres y los niños”, consideró. Criticó la aplicación del bono para niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad por femicidio. El pasado 3 de marzo, en un evento celebrado en el auditorio del Banco Central, Patricia Salazar, subsecretaria de Inclusión Económica y Social, aseguró que ese dinero se ha entregado a 33 menores, desde marzo del 2019. 

La activista habló, además, de "las actitudes" de funcionarios del Estado en cuanto a violencia de género. Mencionó las declaraciones de Lenín Moreno de enero de 2020 que generaron comentarios a nivel internacional, cuando dijo en Guayaquil: “los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso”.

Después de hacer un recuento sobre esos hechos, Ernest hizo un llamado a los movimientos de mujeres a que se sumen a la manifestación del próximo domingo 8 de marzo de 2020, por el Día Internacional de la Mujer. 

Milena Almeida, de la Red Interuniversitaria Feminista sobre el Acoso Sexual, citó algunos de los datos levantados por su organización con respecto a acoso sexual en universidades del Ecuador. Mencionó que, de una muestra de más de 5 000 personas encuestadas, seis de cada 10 estudiantes universitarias han sufrido algún tipo de acoso en su institución educativa superior. “En el caso de mujeres docentes, cuatro de cada diez hemos sido acosadas”, denunció. 

“Es un llamado de atención para que se aúnen esfuerzos, especialmente en las instancias del sistema de protección de mujeres”, dijo Almeida. “A pesar de que ya tenemos protocolos en el ámbito universitario, aún seguimos en la indefensión. Las estudiantes no tienen patrocinio para pagar abogados y son sujetas de revictimización en todo el proceso”. 

Para Virginia Gómez de la Torre, de Fundación Desafío, el país tiene “un pendiente muy grande” con respecto a la despenalización del aborto por violación. “Estamos viviendo tiempos muy adversos”, mencionó, “en los que el tema de los derechos de las mujeres está siendo arremetido por grupos ultraconservadores y misóginos cuyo objetivo es arrasar con los derechos que nos ha costado tanto construir desde el movimiento feminista”. 

Según Gómez de la Torre, “se ha posicionado la violencia del agresor, del hombre que viola. Pero tenemos que ser más específicas y ampliar la violencia al Estado. El Gobierno es un gobierno misógino. Es cómplice de las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos que está embarazando de manera violenta a niñas y mujeres producto de violaciones”. 

Rocío Rosero, de la Coalición de Mujeres, consideró que “el Estado no está cumpliendo su rol de garante y protector de derechos”. La activista sostiene que “aquí lo que predomina es una visión policial de castigar”, con respecto al anuncio del presidente Moreno del incremento en USD 50 millones al presupuesto para la Policía Nacional. Esto, mientras que los planes de prevención de instituciones como la Secretaría de Derechos Humanos reciben cada vez menos recursos. 

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