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Colectivo de Antropólogas pide declarar la inconstitucionalidad del Decreto que redelimitó la Zona Intangible del Yasuní

En la acción de inconstitucionalidad también se solicitó una medida provisional cautelar, para que se suspenda la licencia ambiental entregada en el proyecto Ishpingo Norte a la estatal Petroamazonas. Foto: EL COMERCIO

En la acción de inconstitucionalidad también se solicitó una medida provisional cautelar, para que se suspenda la licencia ambiental entregada en el proyecto Ishpingo Norte a la estatal Petroamazonas. Foto: EL COMERCIO

En la acción de inconstitucionalidad también se solicitó una medida provisional cautelar, para que se suspenda la licencia ambiental entregada en el proyecto Ishpingo Norte a la estatal Petroamazonas. Foto: EL COMERCIO

La Corte Constitucional (CC) deberá pronunciarse sobre las actividades extractivas en el Parque Nacional Yasuní. Este martes, 2 de julio del 2019, el denominado Colectivo de Antropólogas del Ecuador presentó una acción de inconstitucionalidad al Decreto Ejecutivo 751, que redelimtó la Zona Intangible en esa área protegida, donde habitan pueblos Tagaeri y Taromenane en aislamiento voluntario.

Según Natalia Bonilla, el Decreto firmado por el presidente Lenín Moreno podría poner en riesgo la vida de los pueblos aislados, contraviniendo lo que dicta la Constitución. La representante sostiene que los pobladores Tagaeri y Taromenane “necesitan de la integralidad de su territorio, con sus recursos naturales, para poder sobrevivir”.

El Colectivo sostiene que el Decreto “abre la puerta a la explotación petrolera en la zona de amortiguamiento” y considera que esto pondría en riesgo la vida de los pueblos aislados. Las antropólogas creen que se vulneró la voluntad popular expresada en la consulta popular del 2017, pues dicen que el Decreto 751 “aumenta la Zona Intangible en 60 000 hectáreas, pero resta intangibilidad a 400 000 hectáreas, que son parte de la zona de amortiguamiento”.

Pablo Piedra, abogado del Colectivo, cree que el Decreto es regresivo y que abre la posibilidad de realizar nuevas obras de infraestructura petrolera en la zona de amortiguamiento, reduciendo el área de protección.

En la acción de inconstitucionalidad también se solicitó una medida provisional cautelar, para que se suspenda la licencia ambiental entregada en el proyecto Ishpingo Norte a la estatal Petroamazonas, ya que consideran que las plataformas de operación se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento.

El Decreto 751 fue suscrito el 21 de mayo pasado. Ese día, el Gobierno de Ecuador estableció una nueva delimitación de la Zona Intangible que alcanza 818 501,42 hectáreas. Antes del Decreto, la zona intangible ocupaba 758 051 hectáreas y se estableció el 3 de enero del 2007).

La nueva delimitación, según el Decreto firmado, se ubica en las parroquias de Cononaco y Nuevo Rocafuerte, cantón Aguarico; Inés Arango, cantón Orellana, provincia de Orellana, y parroquia Curaray, cantón Arajuno, provincia de Pastaza.

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