5 de abril de 2019 00:00

Dos de tres comisionados restan validez a audio de Elizabeth Cabezas

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (centro), ayer dirigió la sesión en la que se conformó esta instancia.

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (centro), el pasado jueves 4 de abril de 2019 dirigió la sesión en la que se conformó esta instancia. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Roger Velez
Redactor (I)

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Las discrepancias en la Comisión Multipartidista que investigará a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas (AP), afloraron tan pronto el Pleno nombró el pasado jueves 4 de abril de 2019 a sus tres integrantes.

Dos de ellos, Mercedes Cuesta, de Fuerza Ecuador (FE), y Fausto Terán, de Alianza País (AP), restaron validez al audio en el que se basa Amapola Naranjo, del correísmo, para acusar a Cabezas de obstruir la fiscalización en el Parlamento e impulsar el proceso.

“Ya se ha pronunciado también una jueza diciendo que esa prueba no es válida porque es ilegal”, expresó Terán, en referencia a la grabación filtrada en redes sociales el 7 de marzo pasado sobre un diálogo entre la Presidenta y la ministra del Interior, María Paula Romo.

Cuesta sostuvo que no ve “nada extraño” que dialoguen las autoridades de dos funciones del Estado y descartó que la intención haya sido obstaculizar una votación para que se investigue denuncias contra el presidente Lenín Moreno.

Pero la correísta Marcela Aguiñaga (ex AP), tercera integrante de esta Comisión, remarcó que a esta instancia legislativa no le corresponde valorar la forma de obtención o la licitud de la prueba.

“No es una investigación penal, mal podría entrar un legislador a calificar una prueba con un grado de licitud o ilicitud. Aquí se trata de un procedimiento de índole absolutamente político”, puntualizó.

Los pasos que deberá seguir la Comisión Multipartidista están descritos en el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde también se precisa que “no se admitirá ninguna prueba que vulnere derechos fundamentales o haya sido obtenida mediante mecanismos ilegales”.

Además, el articulado establece un plazo de 10 días para que la Comisión entregue un informe -que no tiene el carácter vinculante- para su discusión en el Pleno.

La designación de Cuesta, Terán y Aguiñaga se dio con 123 votos a favor, entre ellos el de la Presidenta, con base en una única terna presentada al Pleno por Ximena Peña, coordinadora del bloque de AP.

Solo la oficialista María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, se abstuvo, y Roberto Gómez, de Creo, votó en blanco.

Si bien no hubo un debate de por medio y el trámite tomó menos de 15 minutos, Peña remarcó ante el Pleno que su bancada de 40 legisladores respalda “de manera irrestricta” a Cabezas, quien lideró la sesión pero no intervino.

Ximena Peña cuestionó la decisión del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), que dio paso a la solicitud de Naranjo. El pedido, en un principio, no había sido aceptado por esa instancia.

El oficialismo sostiene que el CAL ignoró un pronunciamiento del procurador General del Estado, Íñigo Salvador, pero otros integrantes de ese organismo como Viviana Bonilla (ex AP) y Cristina Reyes (PSC) justificaron la resolución adoptada el 31 de marzo.

“Como bancada legislativa vemos también en la conformación de esta Comisión Multipartidista como un mecanismo legal y formal para que cualquier legislador que es falsamente acusado, pueda ejercer su derecho a la defensa”, apuntó Peña.

El procedimiento es el mismo que se siguió en contra de Norma Vallejo (AP), Sofía Espín (ex AP) y Ana Galarza (Creo), quienes fueron destituidas el año pasado por el Parlamento, por lo que Cabezas podría tener el mismo destino y su suerte depende más del Pleno que del informe de la Comisión. En el proceso contra Galarza, la comisión recomendaba una sanción administrativa y terminó destituida.

Durante la primera sesión, la Comisión deberá elegir a un presidente. Se prevé que sea Cuesta, ya que pertenece a un partido distinto a las dos partes involucradas en este caso.

También deberá definir un cronograma de comparecencias. No obstante, hasta el cierre de esta edición no había una convocatoria.

Poco antes de instalarse la sesión, hubo un cruce tuits entre Amapola Naranjo, la proponente del proceso, y María Mercedes Cuesta. “Es claro que Cuesta quiere evitar la fiscalización, no olvidemos sus raíces, sus ideales y a quién se debe”, publicó Naranjo. La aludida tachó a ese mensaje de “campaña sucia”.

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