16 de julio de 2020 00:00

El COE nacional analiza focalizar las restricciones en los sectores más críticos de Quito

Desde junio del 2020, la plataforma telefónica registra más casos sospechosos de covid-19. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Cientos de personas caminaron ayer, 15 de julio del 2020, por la calle Venezuela, en el Centro Histórico de Quito. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Evelyn Jácome
Coordinadora (I)

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Quito alcanzó ayer, 15 de julio del 2020, los 10 035 contagiados por covid-19; sin embargo, las aglomeraciones, el comercio informal, las reuniones clandestinas y el consumo de licor continúan.

Juan Zapata, director del ECU 911 y miembro del COE nacional, dijo ayer que en el país Quito es la ciudad que lidera las aglomeraciones. De los
40 330 eventos registrados, 7 952 (20%) fueron en la urbe.

Esa es una de las razones por las cuales el COE analiza la focalización de medidas de restricción más fuertes en las parroquias donde se incumplen las normas de seguridad y de distanciamiento. “Habrá que normar y tomar decisiones en estos sectores”, indicó Zapata.

Ese tipo de eventos ocurren en especial en el Centro Histórico, La Ferroviaria, Solanda, Chilibulo, San Juan, Guamaní, El Panecillo, La Mena, La Ecuatoriana y Chimbacalle. El fin de semana se identificó a grupos de personas realizando actividades deportivas sin mascarillas en los parques de la ciudad.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, también habló ayer, 15 de julio, de focalizar la atención en las zonas conflictivas. Aseguró que se están llevando puntos de atención y carpas medicalizadas con especialistas a los barrios donde hay más contagios.

Ayer, el COE nacional recibió el exhorto que hizo el Concejo Metropolitano en un intento por reforzar las restricciones. Entre los pedidos están que se prohíba la realización de reuniones sociales, la utilización de espacios públicos y que se decrete ley seca.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que dos de esos pedidos ya se aplican. Que las reuniones están prohibidas para Quito y que la restricción del uso del espacio público, parques y otros sitios depende del Cabildo, por lo que no se necesitaba elevar al COE nacional esos pedidos.

Sobre la ley seca, aclaró que si se prohíbe la venta de licor lo único que se conseguirá es tener un mercado ilegal. Y recordó que el Municipio cuenta con una ordenanza que le faculta a multar a quien consuma licor en el espacio público.

Romo instó al Gobierno local a responsabilizarse de aquellas actividades que están bajo su competencia.

El vicealcalde Santiago Guarderas reconoció ayer que esos controles están en manos del Cabildo, pero aclaró que es clave que la autoridad nacional ratifique esas prohibiciones para crear más conciencia.

Apuntó que el consumo de licor promueve reuniones sociales y accidentes de tránsito que provocan heridos que deben ir a hospitales, lo que complica más el sistema de salud.

La edil Luz Elena Coloma considera que el Municipio debe replantearse su gestión práctica en el territorio. Trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud para hacer vigilancia epidemiológica, casa por casa, en zonas complicadas.

Además, tener una mejor gestión de comunicación y educación en coordinación con dirigencias barriales, con una mirada más cercana.

Según Yunda, se están redoblando los controles, 5 000 funcionarios salen a diario a desarmar fiestas clandestinas, actividades deportivas con apuestas y reuniones con consumo de licor. Dijoque no es la primera vez que se hace estas peticiones, y que se acatará la disposición del COE nacional.

La Secretaría de Seguridad informó que hasta el momento, en el contexto de la pandemia, se han realizado alrededor de 1 700 operativos para fortalecer el control y las medidas de bioseguridad, sobre todo en las zonas conflictivas.

El personal seguirá trabajando con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Intendencia.

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