17 de marzo de 2021 18:14

Coalición de Mujeres pide que Arauz y Lasso se adhieran a un Pacto Fiscal para prevenir la violencia de género

La Coalición de Mujeres del Ecuador piden que los candidatos presidenciales Andrés Arauz y Guillermo Lasso se comprometan a generar políticas para prevenir la violencia de género en el país. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

La Coalición de Mujeres del Ecuador piden que los candidatos presidenciales Andrés Arauz y Guillermo Lasso se comprometan a generar políticas para prevenir la violencia de género en el país. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

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Andrés García (I)

La Coalición Nacional de Mujeres y el Grupo Dignidad más Derechos exigen que los candidatos Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC), quienes disputarán la Presidencia de la República en la segunda vuelta de las elecciones, se comprometan con un Pacto Fiscal que asegure la inversión pública para la prevención de las violencias de género contra mujeres y niñas en Ecuador.

Rocío Rosero, coordinadora de la Coalición Nacional de Mujeres, señaló este miércoles 17 de marzo del 2021 que la pandemia del coronavirus agravó la crisis institucional en materia de violencia de género. Según cifras de organizaciones de la sociedad civil, desde el 2014 se han registrado 870 mujeres víctimas de femicidio en Ecuador.

“El contexto de la crisis por el covid-19 agudizó las desigualdades económicas, que generan desigualdades de género. Y no hemos tenido una respuesta con medidas adecuadas por parte del Gobierno”, apuntó Rosero.

El Pacto Fiscal resalta la importancia de desarrollar y gestionar las desigualdades estructurales, económicas y de género, con políticas de Estado y el presupuesto necesario.

La Coalición advierte que la violencia también tiene costos económicos y que estos se producen de manera escalonada, en todos los niveles de la sociedad ecuatoriana. “A través del Pacto Fiscal queremos reconocer estos costos severos en las familias, comunidades, empresas y lo que esto significa en términos intergeneracionales en la reproducción de patrones violentos”.

Rosero advierte que el costo de estas violencias representa anualmente USD 4 680 millones, lo que equivale al 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB). Y de ese monto, agregó la representante, el 50% lo asumen las propias mujeres. “Los segundos más afectados son las empresas, porque están perdiendo en productividad, eso está significando una pérdida enorme para el Estado”.

Según la Coalición, el Estado ecuatoriano no invierte más allá de USD 878 000, en prevención. “Necesitamos cambiar ese esquema y declarar una emergencia social en la que se asuma la prevención y la erradicación de la violencia como una política de Estado”.

Rosero señaló que ya han tenido acercamientos con los equipos de campaña de Arauz y Lasso para que se adhieran al Pacto Fiscal.

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