De izquierda a derecha Cristina Álvarez junto a Daría Castro y Sylvia Bonilla anunciaron acciones en una conferencia de prensa. Foto: Cortesía
La Coalición Interuniversitaria contra el Acoso Sexual, conformada por estudiantes y docentes de ocho universidades privadas y públicas, anuncia acciones de reparación en el caso de Cristina Álvarez. La estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad Central vivió cinco semestres de acoso, perpetrado por un docente.
Daria Castro, representante de la Coalición, sostuvo que existe gran preocupación por la impunidad en este caso. Recordó que hace siete meses, Álvarez denunció el acoso y la defensa presentó 13 testimonios de mujeres, que también había sido acosadas por el docente desde 1997 hasta el 2016. El Consejo Universitario resolvió destituirlo y el Consejo de Educación Superior (CES) ratificó la acción.
Sin embargo, Castro menciona que la universidad no ha cumplido con el proceso correspondiente pues el profesor sigue figurando en la nómina y recibiendo un salario, “lo que le permitirá jubilarse el siguiente año, dejando el tema en la impunidad”.
Frente a ello exigirán definiciones a los candidatos a ocupar el rectorado de la Universidad Central. La segunda vuelta será el próximo jueves 20 de diciembre. Fernando Sempértegui y Washington Benítez son los candidatos. Este colectivo exige que se despida al docente y que se cumpla con el proceso.
Sylvia Bonilla, una de las abogadas del caso, señaló que por otro lado se ha iniciado el trámite en la Fiscalía. “En este momento está en la etapa de investigación previa pero se considera que existen las pruebas suficientes por lo que esperan que se llame a instrucción fiscal para continuar el proceso y lograr la sanción que corresponde”.
La Coalición señaló que continuará apoyando con investigación, generando conversatorios y más actividades para que otros casos de acoso sexual en las universidades no queden en la impunidad. Sus voceras indican que hay testimonios de denuncias que no han sido resueltas y que los acusados continúan dando clases sin ningún tipo de sanción, mientras que no existe ninguna protección a la víctima.