El CNE no discute sus reformas con los partidos
El pleno del Consejo Electoral se reunió con las agrupaciones políticas en diciembre. Foto: Archivo EL COMERCIO
Las organizaciones políticas conocen las nuevas reglamentaciones solo una vez que están aprobadas. Desde diciembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha emitido reglamentos y modificaciones a 10 normativas (ver gráfico).
Una vez que el Pleno aprueba los textos, estos entran en vigencia inmediatamente. Y, al no tratarse de leyes orgánicas, pueden hacerse en cualquier fecha, previo a las elecciones.
Nubia Villacís, vicepresidenta del CNE, explica que una comisión normativa, integrada por los asesores jurídicos, se encarga de actualizar las regulaciones. Esto sucede en cada proceso electoral, ya que cada uno es distinto. Y aclara que los reglamentos son instrumentales y “no pueden contener nada que esté en contra de la Ley o la Constitución”.
Reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia está entre las atribuciones de la autoridad electoral, según el Código de la Democracia.
Y una vez que lo hace, el CNE notifica los cambios a las organizaciones políticas a través de sus casilleros y vía correo electrónico. Giovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, dice que se enteran “cuando los hechos están consumados” y que no hay un trabajo previo para recibir observaciones.
Guillermo Celi, presidente de Suma, concuerda con Atarihuana. Señala que las decisiones son unilaterales, sin el análisis de los partidos y movimientos que, a su forma de ver, deberían participar por estar directamente involucrados.
Pero no son solamente las organizaciones políticas las que están pendientes de estos cambios. También lo hace la sociedad civil. La veeduría electoral de Participación Ciudadana también observa la implementación de reglamentos e instructivos.
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Ruth Hidalgo, directora del organismo, cuenta que su relación con el CNE ha sido buena. En 2013 consiguieron que modifiquen el Reglamento de Veedurías. Pero en otras áreas no han tenido éxito, por lo que este año insistirán en que se mejore, por ejemplo, la norma sobre la cobertura mediática.
Una de estas reformas llevó a 14 agrupaciones, que conforman el Acuerdo Nacional por Elecciones Transparentes, a presentar una demanda en la Corte Constitucional (CC). El objetivo es derogar la Reforma a la Codificación del Reglamento para el Control del Gasto Electoral.
Esta reforma se dio después de que el Consejo se reuniera con las organizaciones políticas. Por esto Celi afirma que los consejos consultivos sirven de poco, ya que no se toman en cuenta sus observaciones y pedidos.
Pero Villacís refuta esta afirmación. Según la Vicepresidenta, gran parte de las modificaciones y actualizaciones se hacen basados en las observaciones de las organizaciones políticas y sociales. Como los cambios en materia de promoción electoral, para incluir el lenguaje de señas.
Las opciones que tienen los partidos son: impugnar la decisión ante el mismo CNE, apelarla ante el TCE o recurrir a la Corte. Para esto existen tiempos legales, recuerda Villacís y afirma que hasta ahora no ha ingresado ningún recurso.
Pero, en palabras de Atarihuana, solo les queda el “derecho al pataleo” o aceptar las normas impuestas. Dice que las observaciones hechas a las reformas de diciembre no fueron escuchadas. Y según César Monge, director de Creo, por eso, además de ir a la CC, recurrieron, como Acuerdo Nacional, a la Organización de Estados Americanos, para que envíe una misión electoral permanente. El objetivo es que corrobore que “al final del día el CNE procede a espaldas de las organizaciones políticas”.
En Contexto
El Código de la Democracia faculta al Consejo Nacional Electoral para reglamentar las áreas legales de su competencia. Y con cada proceso electoral el organismo actualiza y modifica los instructivos, codificaciones y reglamentos para adaptarlos.
Cronología
22 de octubre
Tras cinco reuniones, las organizaciones políticas firmaron el Acuerdo Nacional por Elecciones Transparentes, con seis puntos de acción.
18 de diciembre
El Acuerdo Nacional solicita al CNE el control del gasto público en campaña, la entrega del padrón electoral y la observación internacional.
23 de febrero
Las agrupaciones políticas acordaron con el CNE llevar adelante una veeduría a los sistemas informáticos y metodologías de cinco fases electorales.
23 de mayo
Los 14 partidos y movimientos demandan la inconstitucionalidad de las Reformas a la Codificación del Reglamento para el Control del Gasto Electoral.