La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, fue recibida ayer por el Pleno de la Asamblea. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
Las reformas al Código de la Democracia volvieron ayer 12 de septiembre del 2019 al Pleno de la Asamblea Nacional, con el control a los aportes y gastos de campaña de las organizaciones políticas como uno de los temas centrales.
Hasta allí acudió Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), con una propuesta de siete ejes que incluye cambios para el control de gastos de campaña, asignación de escaños, eliminación de circunscripciones, listas encabezadas (50%) por mujeres, endurecimiento de sanciones para la violencia de género, licencia sin sueldo por reelección y democracia comunitaria.
Atamaint planteó la creación de una unidad especializada de delitos electorales, que se dedique al control tanto del gasto electoral como del fondo partidario, con el apoyo de la Fiscalía General del Estado.
Además, que se promueva un “sinceramiento” del límite del gasto electoral, con el propósito de “fijar porcentajes reales de la inversión que hacen los candidatos en campaña y los aportes que reciben para financiarla”.
El CNE también quiere que sea obligatoria la inscripción del responsable económico, quien administrará los recursos de la campaña electoral. Y que sea solidariamente responsable el representante legal de la organización política, también en el caso de alianzas, y el candidato del cumplimiento de la ley.
De esa forma se pretende prevenir actos de corrupción como los que salpican al movimiento Alianza País (AP), por denuncias de aportes de empresas para obtener contratos en el anterior Gobierno.
El Pleno también recibió las propuestas de Arturo Cabrera, titular del Tribunal Contencioso (TCE); Simón Jaramillo, de la Corporación Participación Ciudadana y Nidia Pesántez, de Onu Mujeres.
Cabrera pidió reclasificar las infracciones electorales en leves, graves y muy graves, además de “mejorar la dosificación de las penas”.
Luis Verdesoto, consejero del CNE, intervino mediante videoconferencia para abogar por los debates obligatorios.
Jaramillo planteó “sincerar” el sistema de representación política en el país, mientras que Camacho sostuvo que se requiere un calendario electoral más claro para los próximos comicios.
El Parlamento recibió estas propuestas en comisiones generales y aplazó para los próximos días el reinicio del segundo debate, que está suspendido desde hace 20 meses, debido a los comicios recientes.
El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), ratificó que la meta es aprobar los cambios hasta noviembre, para que surtan efecto en los comicios generales del 2021.
“Me parece que la reforma no tiene que ser muy profunda; hay temas claros, como el financiamiento de campaña, techos de gasto electoral… que tienen que tratarse”, apuntó.
Litardo, quien no estuvo en el Pleno durante las comparecencias, reconoció que hay posturas divididas sobre la posibilidad de cambiar la fórmula D’Hondt por la de Webster para la asignación de escaños.