El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) se instaló ayer y aprobó la convocatoria y fecha de realización de la consulta popular que fue propuesta por Lenín Moreno. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
Los consejeros y colaboradores del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunieron durante horas; prácticamente toda la tarde y noche del jueves 30 de noviembre del 2017; y parte de la madrugada de ayer (1 de diciembre), para terminar de verificar los detalles operativos de la consulta popular.
El proceso será convocado el 7 de diciembre, según se informó ayer en el Consejo, y los ecuatorianos irán a las urnas el 4 de febrero del 2018. Es decir, una semana antes del asueto por el feriado de Carnaval.
La sesión del pleno donde se tomó la decisión se instaló ayer por la mañana. Con la definición del inicio del período electoral, el Consejo Nacional Electoral se convirtió en la máxima autoridad del país.
“Todas las otras funciones del Estado se ponen al servicio de la democracia”, comentó la recién posesionada presidenta del CNE, Nubia Villacís.
Esto en referencia a la demanda de inconstitucionalidad que fue presentada por siete legisladores de la facción de Alianza País crítica al actual Gobierno, ayer, ante la Corte Constitucional; en contra de los decretos que convocan a la consulta y referendo.
Con el inicio del período electoral, el Consejo Nacional Electoral se adelantó y evitó el posible escenario de que los jueces de la Corte emitan un fallo que frene del desarrollo de la consulta popular.
El presidente Lenín Moreno había pedido el miércoles pasado la convocatoria del proceso sin esperar el fallo de esa misma Corte
Constitucional. El argumento fue que no resolvió el proceso dentro del término de tiempo establecido.
De igual forma pidió a la Contraloría que establezca, si fuese el caso, las sanciones respectivas. El consejero Mauricio Tayupanta fue consultado sobre si el CNE sancionaría a los jueces de la Corte si interviniesen en el desarrollo del proceso. Tayupanta citó el artículo 286 del Código de la Democracia.
Ahí se señala que la autoridad que incumpla las órdenes legalmente emanadas de los órganos electorales competentes será sancionada con la destitución del cargo y la suspensión de los derechos políticos y de participación por el tiempo de seis meses.
Tayupanta aclaró que no se trata de ningún tipo de amenazas y que tampoco se puede adelantar a emitir pronunciamientos sobre supuestos.
Por su parte, el consejero Paúl Salazar agregó: “nosotros somos los administradores del proceso electoral. No podemos permitir que nada ni nadie entorpezca un ejercicio democrático que está consagrado en la Constitución”.
Esto sobre las siete preguntas que “ha planteado en su legítimo derecho, dentro del marco de sus competencias, el Presidente de la República”.
Las reuniones de tipo operativo sobre la consulta, en el CNE, comenzaron hace más de un mes y medio, reconoció Salazar. Moreno había entregado las preguntas a la Corte el 2 de octubre pasado.
El presupuesto que se destinará para el proceso será: USD 48 296 280,82. Con las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral, los recursos deben ser entregados por el Ministerio de Finanzas.
Aunque se advirtió que se aplicará una lógica de austeridad, para ser consecuente con la dura crisis económica que enfrenta el país.
Lo que se ha previsto es hacer recortes en Comunicación, Relaciones Internacionales y Logística. Y se aprovechará la capacidad instalada en las elecciones generales pasadas (abril) para agilitar y facilitar la organización.
Habrá menos observadores internacionales el día de la consulta, pero a diferencia de lo que pasó en los comicios pasados, se invitará a una delegación de la Unión Europea para que observe el proceso y emita un informe del mismo.
El actual Consejo Nacional Electoral se reestructuró tras la salida del anterior titular, Juan Pablo Pozo, el 29 de noviembre pasado, cuando culminó su período constitucional. Entonces, Villacís asumió la cabeza del organismo y en la vicepresidencia se posesionó a Ana Marcela Paredes.
La vicepresidenta dijo que hay un compromiso del organismo electoral para que “todo sea transparente” de cara a la ciudadanía. “Que el mandante sea quien tenga la última palabra en este proceso electoral.
Las decisiones se aprobaron con la totalidad de los consejeros presentes. Cinco en total.
Las organizaciones sociales y políticas se podrán inscribir del 8 al 12 de diciembre para la campaña, esta será del 3 de enero al 1 de febrero de 2018, es decir 30 días.
El pleno aprobó también el Reglamento para la participación de organizaciones sociales y políticas, Contratación y pago de promoción electoral, y Control de publicidad y propaganda electoral para la consulta y referendo.
Punto de vista
Medardo Oleas: ‘La convocatoria es válida’
Expresidente del Tribunal Contencioso Electoral
Esta convocatoria a la consulta no es ilegal porque los consejeros del Consejo Nacional Electoral mantienen una prórroga tras la consulta realizada a la Procuraduría. No es lo más adecuado, pero es válido. Aquí se tiene que privilegiar el manejo de la consulta. Más aún si se toma en cuenta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no fue capaz de hacer el concurso para renovar al CNE durante 10 meses. Tras esta convocatoria, las organizaciones pueden presentarse para hacer campaña. Ahí debe actuar el CNE. Debe informar a la ciudadanía sobre las siete preguntas que estarán en la papeleta, para que cada persona pueda tomar una decisión y acudir a las urnas.