Un examen especial de la Contraloría, emitido en octubre del 2014, revela irregularidades en el proceso de revisión de firmas de las organizaciones políticas en el 2012.
El peso del informe y las críticas que este despertó recaen sobre Juan Pablo Pozo, quien ocupa la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde el 16 de enero. Pero a ese tema se suman los cuestionamientos al proceso de renovación del organismo electoral y la elección de su presidente, que se dio en medio de más críticas.
El informe de Contraloría pone en entredicho el resultado del proceso de verificación de firmas. ¿Qué hará el CNE al respecto?
Hemos conformado una comisión desde la asesoría de Presidencia para que se revise todos los actos y contratos de la anterior administración, así como los informes de Contraloría, entre los que está el del sistema de verificación de firmas. Con ese informe hemos detallado de forma pormenorizada a las áreas para que acojan las observaciones. Somos muy respetuosos del uso de los recursos públicos y aquí no hay ninguna intención de tapar el informe.
El informe también establece “fallas” en el sistema de verificación, ¿se cambiará el sistema?
El informe es a los gastos y contratos suscritos para el procesamiento y verificación del 100% de firmas. Ese es el objeto de la auditoría. Las competencias de Contraloría están establecidas: control, fiscalización y auditoría. No puede poner en entredicho un proceso que le corresponde a quien tiene la competencia, que es el CNE.
Entonces, ¿considera que la Contraloría traspasó sus competencias en este caso?
Lo que digo es que el informe no considera el contexto. El reprocesamiento de las firmas, todo lo que significó ese proceso, hay que ponerlo en el contexto: hubo más de 100 000 denuncias por firmas falsas, Fiscalía ordenó que se sellara el sistema con el que se trabajaba. Ahí el CNE ordenó el reprocesamiento de las firmas.
¿Este es el sistema que se usó para Yasunidos y se usará para las nuevas organizaciones políticas?
Sí, y ha sido mejorado por las áreas técnicas. Hemos incrementado las fuentes de contrastación, ahora ya existe un control automático de las prelaciones y mejoramiento de los servidores web para aumentar la velocidad. Yo comparto que el proceso no es perfecto, sino perfectible y mejorable, y que tenga la seguridad de que esta administración lo va a hacer. Y vamos a establecer acciones para mejorar aún más los procesos.
¿Como cuáles?
He pedido que en 15 días me entreguen un informe con una alternativa para mejorar el proceso. Una de las alternativas que se ha planteado, que no es oficial porque primero deberá aprobarse en el Pleno, es pedir a las organizaciones que todo registro que presenten a futuro incluya firma y huella digital.
El tema de la Contraloría ha salido en sus primeras semanas de gestión y se suma a los cuestionamientos por su selección como presidente y al proceso de renovación del CNE. ¿Cómo lo enfrenta?
Con trabajo, que sean nuestras acciones las que sean juzgadas. Nosotros no hemos perdido un solo minuto desde la posesión para trabajar intensamente. Presentamos un plan de ocho ejes.
Pero los cuestionamientos por la designación de Ana Marcela Paredes siguen. ¿Quién tomó la decisión de nombrarla a ella?
El CNE no designa, solamente posesiona y hemos hecho lo que el Consejo de Participación (Cpccs) ha resuelto. Yo no voy a entrar a contar una novela sobre esto, porque no tiene nada que ver con esta autoridad. Mi hoja de vida está ahí, a mí nadie me ha regalado nada. Son voces claras que buscan desacreditar al CNE y que en esa crisis buscan generar más crisis.
Pero la ciudadanía tiene derecho a saber qué pasó: se posesionó a unos vocales, una renunció, Paúl Salazar reconsideró su Presidencia. Hay muchos comentarios que nadie confirma o desmiente…
Los hechos son de dominio público: la renuncia de Gloria Toapanta, la reconsideración de la presidencia que planteó Salazar. Aquí no hay nada fuera de la Ley. Mucho se criticaba que los cinco votábamos igual y ahora, cuando sin duda hay disenso, despiertan los cuestionamientos. Obviamente hubo debate entre los consejeros para ver quién debía estar al frente del CNE, pero a mí no me interesa el rótulo ni el escritorio. Sin duda hay que admitir que hubo crisis y una transición que no fue la más adecuada, pero seguiremos trabajando y defenderemos su institucionalidad.
Hay voces que señalan su designación como política, que responde a la lucha de fuerzas en Alianza País: Azuay vs. Guayas. Sería algo inadecuado para un organismo independiente de los poderes políticos. ¿Qué les responde?
Yo trabajé para la Universidad de Cuenca, para la Asamblea y hoy para el CNE. Yo pasé por un concurso público de méritos y oposición. Fui el único que no recibió impugnaciones. Defenderemos la institucionalidad ante ciertos actores que quieren generar un escenario de crisis.