Un grupo de digitadores realiza la verificación de las firmas en la Dirección de Organizaciones Políticas del CNE. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
La verificación de firmas de respaldo de las organizaciones políticas, a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), está en entredicho. Un informe de la Contraloría General del Estado (CGE) determinó que existieron problemas con el sistema adquirido para ese fin, entre 2013 y 2018.
El cuestionamiento a ese procedimiento ocurre en medio del trámite para aprobar a otros 29 nuevos movimientos políticos que deberían presentar como uno de sus requisitos el 1,5% de firmas del padrón electoral, de acuerdo con su jurisdicción (nacional, provincial, cantonal y parroquial).
Actualmente, el CNE tiene registrados 23 movimientos y partidos políticos nacionales. De acuerdo con Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), eso significa que cada uno de ellos tuvo que presentar, al menos, 199 000 firmas para su inscripción.
Si se toma en cuenta el último padrón electoral, para los comicios del 24 de marzo del 2019 que cerró en 13 261 994 votantes, esas organizaciones políticas en conjunto debieron obtener, al menos, 4 000 000 de rúbricas como respaldo.
Oleas recuerda que ya en el 2012 varios ciudadanos denunciaron, sobre todo en redes sociales, que aparecieron en los registros de algún partido político sin que fuese su voluntad.
“En ese tiempo, el número de firmas que habían recolectado las organizaciones políticas ascendía a 9 000 000”, manifestó.
El expresidente del TSE señaló que el panorama no ha cambiado mucho. Según este experto, el análisis que debe hacerse para verificar que hay inconsistencias en las firmas presentadas es que una importante cantidad de organizaciones no alcanzan el mismo porcentaje de votos respecto de las rúbricas que presentaron.
El informe sobre el examen especial a los sistemas informáticos e infraestructura tecnológica, comunicaciones y contratos relacionados, utilizados en la inscripción, registro y extinción de organizaciones políticas del CNE, en el periodo comprendido entre el 1 de febrero del 2013 y el 31 de agosto del 2018, está publicado en la página web de la CGE.
Entre sus principales resultados se encuentra que Compromiso Social (FCS), Justicia Social, Juntos Podemos y Libertad es Pueblo habrían incumplido el requisito de completar el 1,5% de firmas para inscribirse en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas del CNE.
El examen señala, entre otras cosas, que el sistema de verificación que usa el CNE, Controlcap, permitió el ingreso de hasta 12 dígitos en el campo asignado al número de cédula, a personas fallecidas, menores de edad, entre otras irregularidades. 118 802 números de cédula no debieron ser aceptados durante la inscripción.
Ayer hubo reacciones en el CNE sobre este informe. Diana Atamaint, presidenta de la entidad, informó que el documento se remitió a cada una de las consejerías y a las áreas jurídica, administrativa e informática, para que presenten informes técnicos.
Por su parte Luis Verdesoto, consejero de minoría, señaló que se deben tomar decisiones urgentes. Manifestó que este tipo de correctivos se pueden hacer a nivel administrativo y no requieren de una reforma en la normativa electoral.
Verdesoto dijo que, con base en la información con la que cuenta el CNE, el 80% de los empadronados está afiliado a una organización política.
José Cabrera, consejero de mayoría, indicó que el problema no es nuevo y que la responsabilidad recae sobre quienes adquirieron el sistema en el 2012, para verificar las rúbricas. Adelantó que se prevé una reunión del Pleno en los próximos días para tratar el informe.
Ambos consejeros presentaron propuestas al problema. Verdesoto expondrá ante el Pleno una iniciativa para la posibilidad de que los ciudadanos verifiquen en línea si están o no afiliados a un partido.
Cabrera sugerirá que se suspenda la verificación de firmas hasta que se defina una solución para los cuestionamientos hechos por la Contraloría.
Jorge Acosta, también expresidente del TSE, señaló que en caso de que un ciudadano detecte que su firma aparece en el registro de una organización, puede presentar el reclamo en el CNE. También tiene la opción de presentar una denuncia en la Fiscalía por falsificación ideológica y falsificación de su rúbrica.