18 de septiembre de 2020 13:13

Consejeros del CNE no descartan denunciar al ministro de Finanzas si no asigna el presupuesto para organizar las elecciones

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, indicó que la documentación ingresada para oficializar las candidaturas para las elecciones 2021, será analizada por un equipo jurídico. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, indicó que la documentación ingresada para oficializar las candidaturas para las elecciones 2021, será analizada por un equipo jurídico. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO

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Andrés García
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El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) instaló este viernes 18 de septiembre del 2020 una sesión permanente, para tratar los informes sobre la inscripción de candidaturas para los comicios generales del 2021. Esta fase del cronograma se inició hoy y se extenderá hasta el próximo 7 de octubre.

Hasta las 10:00 de este viernes, no existía ninguna inscripción oficializada para dignidades nacionales, como binomios presidenciales, asambleístas nacionales y parlamentarios andinos. Tras conocer que aún no se registró ningún aspirante, la sesión fue suspendida.

Posteriormente, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, explicó que toda la documentación ingresada por el representante legal de cada movimiento será analizada por un equipo jurídico, que elaborará un informe. Después, el Pleno resolverá si califica o no las candidaturas.

La titular no ocultó su preocupación por el retraso en el ajuste del presupuesto, que inicialmente se fijó en USD 114,3 millones. El CNE y el Ministerio de Finanzas participaron en mesas técnicas para reducir el monto, aunque por ahora no hay definiciones.

La tarde del jueves 17 de septiembre Finanzas transfirió USD 1,35 millones para contratar a los integrantes de las Juntas Electorales, quienes a partir de hoy deben inscribir y calificar las candidaturas provinciales y del exterior. “Hasta ahora, solo se ha desembolsado los recursos para la contratación de las Juntas Electorales. Y además, con un presupuesto no establecido”, comentó Atamaint.

El consejero, José Cabrera, cuestionó que en el monto entregado se haya considerado una reducción salarial para los vocales y secretarios de las Juntas, sin la aprobación del Pleno del CNE. “Esto lo está haciendo el Ministerio de Finanzas de forma unilateral. Se tiene que coordinar, el Pleno del CNE primero debe aprobar, incluso el propio Ministerio de Trabajo”, comentó Cabrera.

Inicialmente, cada vocal y secretario de las Juntas debía percibir USD 2 590 y 1 200, respectivamente. Sin embargo, en la asignación, se definió que cada vocal y secretario ganen USD 2 300 y 900, respectivamente.

Finanzas, a través de un comunicado, precisó que el presupuesto para el rubro "se optimizó en un 15%" tras trabajos realizados por equipos técnicos, desde el pasado 7 de septiembre.

Con ello, "el monto pasó de USD 4 millones a USD 3,4 millones. Cabe destacar que este presupuesto es menor, incluso con el incremento de recintos electorales". Para la revisión, señala Finanzas, "el Ministerio del Trabajo emitió un dictamen para la contratación de vocales de la Junta Provincial Electoral y de la Junta Especial del Exterior, donde recomendó la variación de escalas remunerativa por parte del CNE".

Cabrera anticipó que solicitará por escrito que el CNE tome acciones en contra de Richard Martínez, titular de la Cartera de Finanzas, ya que desde hace meses han solicitado una reunión personal, pero la cita no se ha concretado. “Si sigue esta forma de trabajar, solicitaré por escrito que se tome ya acciones. El CNE no puede poner en riesgo un proceso para elegir al Presidente de la República, porque un ministro simplemente toma las decisiones”.

Atamaint apoyó a Cabrera y dijo que analizarán que no se esté entorpeciendo el desarrollo y el normal desenvolvimiento del proceso. “Si tenemos que tomar medidas de ajuste, como máxima autoridad electoral en este momento, lo haremos sin dudar un solo segundo”.

Cabrera citó el artículo 279 del Código de la Democracia, en donde se considera como una infracción electoral grave cuando una “autoridad o funcionario extraño a la Función Electoral interfiera en el funcionamiento de la Función Electoral”.

Estas denuncias las resuelve el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y podrán ser sancionadas con multa desde veintiún hasta setenta salarios básicos, destitución y/o suspensión de derechos de participación, desde dos hasta cuatro años.

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