1 de octubre de 2020 00:00

Cinco demandas en la Corte Constitucional contra dos normas electorales

El CNE sesionó ayer 30 de septiembre del 2020. La presidenta, Diana Atamaint, denunció amenazas de muerte. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

El CNE sesionó ayer 30 de septiembre del 2020. La presidenta, Diana Atamaint, denunció amenazas de muerte. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Andrés García

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Pese a que falta solo una semana para cerrar la fase de inscripción de candidaturas para los comicios del 2021, el Reglamento de Democracia Interna, que regula las elecciones primarias, tiene cinco demandas de constitucionalidad.

En total, desde agosto pasado, la Corte Constitucional (CC) recibió cinco recursos por el proceso eleccionario: una consulta de constitucionalidad del TCE y cuatro acciones de inconstitucionalidad en contra del reglamento de primarias y el Código de la Democracia. De ellos, dos fueron inadmitidos, uno archivado y dos calificados a trámite.

Ayer 30 de septiembre del 2020 la CC confirmó que admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad en contra de la norma, que estableció que la aceptación de precandidaturas se debe realizar de forma personal e indelegable en las diferentes sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se trata de un requisito ineludible para la inscripción de candidatos.

Debido a este articulado, algunos actores políticos que buscaban estar en la papeleta no completaron el trámite. Entre ellos, el expresidente Rafael Correa, quien orquestó un operativo para tratar de aceptar su nominación empleando un dispositivo electrónico.

Al final del día el CNE no validó la pretendida proclamación de la candidatura de Rafael Correa. Además, unas semanas después, su sentencia condenatoria por cohecho quedó en firme, impidiéndole participar en la contienda.

Otro expresidente que no pudo aceptar su precandidatura a la Asamblea por Fuerza Ecuador (FE) fue Abdalá Bucaram Ortiz. Cristian Romero, abogado de Jacobo Bucaram, hijo del exmandatario, ingresó la acción en la CC.

El jurista argumenta que el reglamento “le impidió” al expresidente Bucaram aceptar su precandidatura en la Dirección de Organizaciones Políticas del CNE, al norte de Quito. Actualmente, Bucaram cumple arresto domiciliario y está procesado por supuesto tráfico de bienes patrimoniales y delincuencia organizada.

Dentro del auto de admisión, la CC determinó que el CNE y la Procuraduría intervengan, en un plazo de 15 días, defendiendo o impugnando la constitucionalidad del reglamento.

Ismael Quintana, experto en derecho constitucional, advierte que la acción solo fue calificada a trámite y que la norma se sigue aplicando, más aún, en la fase de inscripción de candidatos. El abogado de Bucaram dice que el articulado vulnera derechos, pero Quintana cree que no tiene vicios de inconstitucionalidad.

En el caso de que la Corte declare lo contrario, según Quintana, en su sentencia se puede modular su aplicación. “La CC puede decir que se excluye a la disposición del reglamento del ordenamiento jurídico y surte efecto hacia el futuro. Aunque también puede decidir darle efecto retroactivo”.

El lunes pasado la Corte notificó que inadmitió la consulta de constitucionalidad remitida por Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en relación al reglamento de primarias.

Carmen Corral, jueza ponente de la Corte, señaló en el dictamen que “al identificar los principios o reglas constitucionales que se presumen infringidos, (el juez consultante) no señala una exposición de las razones por las cuales dichos preceptos resultarían infringidos, limitándose a transcribirlos en forma textual”.

El 3 de agosto pasado, Cabrera suspendió la sustanciación de una causa solicitada por Jaime Estrada Bonilla, exalcalde de Manta, quien impugnó el reglamento de primarias, argumentando que supuestamente vulnera derechos. El Tribunal recibió más de 20 reclamos similares.

Sin embargo, al ser inadmitida esta consulta, la CC dispuso que se archive el pedido y que se devuelva el expediente al Tribunal Contencioso para que retome el trámite de la causa suspendida.

Además de la consulta del TCE, en la CC se tramita otra acción de inconstitucionalidad, en contra del artículo 95 de las reformas al Código de la Democracia, que establece como requisito para la calificación de candidaturas haber nacido en la respectiva jurisdicción o haber vivido en ella, de forma ininterrumpida, los dos años previos a la inscripción.

En este proceso, el 10 de septiembre la CC notificó a la Asamblea y a la Presidencia de la República para que defiendan el artículo demandado, ya que el Parlamento y el Ejecutivo avalaron la reforma, como legislador y colegislador, respectivamente. Este proceso es impulsado por el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Esteban Melo.

Mientras estas demandas se tramitan en la vía constitucional, el CNE avanza en la organización de los comicios, con anuncios de supuestas amenazas de muerte de por medio. Ayer, la presidenta, Diana Atamaint, notificó al resto de consejeros que denunció el hecho en la Fiscalía y solicitó una pericia informática para rastrear el correo electrónico a través del cual llegó el mensaje intimidatorio.

La Fiscalía explicó que la amenaza está “relacionada con la calificación del binomio a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, de la plataforma Unes”.

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