Autoridades del Consejo Nacional electoral recorrieron algunos cantones de Manabí para constatar el estado de los colegios y escuelas donde eran recintos electorales. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Para las elecciones presidenciales del 2017, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proyecta un crecimiento de alrededor de un 9% de la población electoral, con relación al último proceso de febrero del 2014. Según datos de la institución, en los últimos tres años los electores pasaron de 11,9 millones a 13,1 millones.
No obstante, las autoridades de la institución también se enfrentan a un complejo escenario tras el terremoto del pasado 16 de abril, que obligó a muchas personas a abandonar sus lugares de residencia. También al cierre de varios establecimientos educativos que funcionaban como recintos electorales, en tiempo de elecciones.
La vicepresidenta del CNE, Nubia Villacis, encabezó un recorrido por varias ciudades de Manabí, para constatar el estado de los recintos electorales más afectados. En esta provincia está previsto el sufragio de 1 195 981 personas en 3 722 juntas electorales. La funcionaria explicó que en Manabí hay 30 recintos electorales en situación crítica.
Tarqui, una de las parroquias más afectadas por el terremoto en Manta, agrupa alrededor de 150 000 de los 1 195 981 electores, que se calculan para el 2107. En esa localidad hay ocho recintos electorales con afectaciones estructurales considerables.
Durante el recorrido se constató que las unidades educativas Sergio Domingo Dueñas y Leonie Aviat no podrán ser utilizadas como recinto. Villacís habló de la posibilidad de integrar esas juntas receptoras del voto a otros recintos, según el espacio, disponibilidad de servicios y condiciones de seguridad. En el caso de Tarqui, la unidad educativa salesiana San José sería la opción.
Para eso se prevé una reunión con los representantes del COE, Ministerio de Educación, de Salud, Fuerzas Armadas y otras instituciones con el fin de coordinar acciones que permitan la adecuación de los espacios.
Otros recintos como la escuela Luis Felipe Chávez, en Jaramijó, podrían funcionar parcialmente, pues uno de los dos bloques de aulas está inhabilitado. En el mismo sector, el director de la escuela Dr. Antonio Borrero, Roque Benítez, explicó que ya recibió noticias sobre la reubicación de esa unidad educativa, aunque no precisó fechas ni lugares.
Otro de los factores que incidirán en el proceso electoral del próximo año es el desplazamiento geográfico de la población, como efecto de los daños en viviendas causados por el terremoto.
Wilson Hinojosa, director nacional de registro electoral, explicó que a partir de julio se iniciará una campaña para la actualización de datos sobre cambio de domicilio. El objetivo, dice Hinojosa, es garantizar el derecho al voto de la población, actualizar el padrón para que los desplazamientos a los recintos electorales sean cortos y reducir al mínimo el nivel de ausentismo. Villacís explicó que en el último proceso electoral se registró un ausentismo del 17,8%, que significó una reducción del 3%.
En ciudades como Manta y Portoviejo se implementará un plan especial para registrar cambios de domicilio con puestos de atención en sectores estratégicos y de concentración masiva.
“La campaña de cambio de domicilio terminará en agosto. Esos cambios se aplicarán al registro electoral que se cerrará el 2 de octubre y en noviembre empezamos a decirle a la gente la junta receptora y el recinto donde le corresponde dirá hay”, explicó Hinojosa sobre las etapas y plazos para la actualización del padrón.
Actualmente el CNE maneja un presupuesto de USD 93 millones para la primera vuelta y USD 18 millones para la segunda.