Asociación de clínicas privadas pide a Finanzas que cancele órdenes de pago pendientes

La Achpe convocó a una asamblea nacional para analizar, exclusivamente, el pago de la deuda del Gobierno. El 73% de los pagos pendientes corresponden al IESS, el 24% al MSP y el 3% del Spatt, según indicaron. Foto: EL COMERCIO

La Achpe convocó a una asamblea nacional para analizar, exclusivamente, el pago de la deuda del Gobierno. El 73% de los pagos pendientes corresponden al IESS, el 24% al MSP y el 3% del Spatt, según indicaron. Foto: EL COMERCIO

La Achpe convocó a una asamblea nacional para analizar, exclusivamente, el pago de la deuda del Gobierno. El 73% de los pagos pendientes corresponden al IESS, el 24% al MSP y el 3% del Spatt, según indicaron. Foto: EL COMERCIO

La Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (Achpe) informó que la deuda total del Gobierno alcanza los USD 223 570 322,54. El 73% corresponde a la atención de pacientes derivados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, (USD 162,7 millones), el 24% por derivaciones del Ministerio de Salud Pública (USD 54,5 millones) y un 3% se relaciona con pagos pendientes del Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito (USD 6,4 millones).

Ese desglose se hizo público este jueves 29 de noviembre de 2018, durante la asamblea anual del organismo en Guayaquil para analizar la deuda. “Estamos afrontando una situación económica muy seria por la falta de pago oportuno de la Red Pública Integral de Salud”, aseguró Raúl Alcívar, presidente de la Achpe.

El directivo aclaró que no niegan que estén recibiendo pagos. Esto en relación al comunicado del Ministerio de Salud en el que se especifica que de enero a noviembre de este año entregó a la Achpe USD 36 182 172. “Existe una deuda. Hay valores pendientes de auditar; ese es el rubro al que nos referimos”, puntualizó.

Ayer, 28 de noviembre, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó mediante un comunicado que “los pagos para Salud se encuentran prácticamente al día, con un saldo pendiente mínimo que se prevé cancelar hasta fin de ese año”. Esto según datos del Ministerio de Finanzas.

El Ministerio señaló que se han elaborado normas en conjunto para facilitar los procesos de transferencia de pacientes y los pagos derivados de su atención. Uno de ellos es el Acuerdo Ministerial 217, que determina el pago de anticipos a los hospitales públicos y privados para cubrir gastos generados por las atenciones.

Además indicó que cuenta con 150 auditores en todo el país para la revisión de los expedientes que ingresan para pago de prestaciones, según las normas fijadas por la Contraloría General del Estado.

Ana Delgado, directora ejecutiva de la Achpe, recordó que en enero tuvieron un acercamiento con el Gobierno. Sin embargo, el proceso se estancó. Ahora esperan reunirse con el presidente Lenín Moreno entre esta semana y la siguiente.

“Esperaríamos que el Ministerio de Finanzas cancele todas las órdenes de pago que han llegado del Ministerio de Salud y que no se han tramitado. Del IESS esperamos que continúe haciendo los pagos hasta diciembre, porque en algunos años han pagado solo hasta octubre”, expuso Delgado.

La asociación agrupa a 46 clínicas, hospitales y centros de hemodiálisis privados. 40 de ellos acumulan pagos pendientes, algunos desde el 2009 según informaron. En el 2014 se reunieron con el anterior régimen, pero no obtuvieron respuesta.

La deuda más antigua es la del IESS. Alcívar explicó que entre 2009 a 2010 el monto asciende a USD 470 000; de 2011 a 2015 llega a USD 79,4 millones; de 2016 a 2018 se ubica en 41,7 millones; y de marzo a agosto de 2018 alcanzó USD 19 millones.

“Estamos concientes de la crisis económica, pero consideramos que la salud debe tener un trato prioritario”, dijo el presidente de la Asociación, quien además aclaró que no han pensado en suspender la atención. Sin embargo, advirtió que algunas clínicas podrían cerrar.

En 2016 la Contraloría observó las cuentas de 36 prestadores externos del IESS, todos establecimientos privados. Esto luego de que el presidente del consejo directivo de ese entonces, Richard Espinosa, anunció que habían detectado un perjuicio por USD 503,7 millones por presunta sobrefacturación.

La directora ejecutiva de Achpe explicó que las clínicas presentaron la documentación y las pruebas de descargo. “Se está revisando esa información”.

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