Las claves del revés a los alivios migratorios de Obama

El presidente Obama deberá agotar todos los recursos legales, para lograr que su propuesta de reforma migratoria se cristalice en los Estados Unidos. Foto: EFE

El presidente Obama deberá agotar todos los recursos legales, para lograr que su propuesta de reforma migratoria se cristalice en los Estados Unidos. Foto: EFE

El presidente Obama deberá agotar todos los recursos legales, para lograr que su propuesta de reforma migratoria se cristalice en los Estados Unidos. Foto: EFE

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La pesadilla para los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos parece no tener fin. Una corte de apelaciones en New Orleans decidió esta semana mantener bloqueados los alivios migratorios y los permisos de trabajo para cinco millones de ellos. EL TIEMPO habló con la abogada de inmigración Martha Arias sobre el tema.

Según la abogada, para entender los alcances de esta decisión, hay que hacer un poco de historia. Tras no conseguir el apoyo en el congreso a una reforma migratoria integral, el presidente Barack Obama anunció el 20 de noviembre del año pasado la extensión del DACA, un programa para jóvenes que llegaron pequeños a Estados Unidos y la creación de un programa similar, llamado DAPA, que beneficiaría a adultos con hijos residentes legales o ciudadanos estadounidenses.

El objetivo del presidente era evitar que las personas que calificaran para alguno de los dos programas fueran deportadas, mientras que su gobierno se enfocaría en expulsar inmigrantes con antecedentes penales y que pudieran ser amenaza para la sociedad.

Sin embargo, muy poco duró la dicha, porque el 3 de diciembre de ese mismo año, Texas encabezó una demanda ante un tribunal de Brownsville, con el fin de frenar la implementación de ambos programas. A su solicitud se le unieron 25 estados más, para completar 26, de los 50 de la nación.

Entre los argumentos estaba que ambos programas ocasionarían perdidas económicas a los estados. Además, alegaron que al emitirse estas órdenes ejecutivas, el presidente violó reglas de procedimiento administrativo. “En otras palabras, dice Arias, los estados argumentaron que Obama podía haber emitido dichas órdenes, pero no en la forma en que lo hizo”.

El tema polarizó al país, pues 12 estados, más el Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington, la capital estadounidense, presentaron memoriales legales de apoyo al gobierno, con el argumento de que ambos programas podrían ser beneficiosos para sus economías.

De igual manera, alcaldes de 33 ciudades, incluyendo las dos más grandes, Los Ángeles y Nueva York, mantuvieron su apoyo al gobierno en este litigio. El 16 de febrero de este año, Dos días antes de que la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) comenzara a aceptar las solicitudes para la extensión del DACA, el juez federal de Brownsville, Andrew Hanen, ordenó que se frenara temporalmente los alivios migratorios, mientras se resolvía la demanda de los estados en los tribunales de forma definitiva.

El gobierno actuó y presentó el 12 de marzo una petición de emergencia que suspendiera el fallo del juez Hanen, para permitir que quienes calificaban a ambos programas, pudieran iniciar sus procesos, mientras seguía adelante la demanda de los 26 estados.

Y esta fue la petición que fue negada el martes de esta semana por el Quinto Circuito de Apelaciones de New Orleans. Dos jueces estuvieron a favor y uno en contra, dejando vigente la decisión del juez Hanen de congelar las decisiones ejecutivas del presidente.

Mientras tanto, la demanda de los estados continua, ante este mismo panel de jueces del Quinto Circuito de Apelaciones y se espera que en julio se escuchen los argumentos sobre los méritos del fallo del juez Hanen.

De igual manera, el gobierno tiene la opción de ir a la Suprema Corte para tratar de revertir dicho fallo.

Para la abogada Arias, “pasó lo que se preveía, pero es solo una batalla y no la guerra”. Según ella, en la demanda como tal, aunque sea con los mismos jueces, el gobierno tendría una mayor opción de ganar, porque contará con argumentos más fuertes a su favor.

Un análisis reciente del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP) reveló que el bloqueo al DAPA y a la extensión del DACA supondrían pérdidas para la economía estadounidense, pues la implementación de ambos programas hubiera incrementado en USD 164 000 millones el Producto Interno Bruto en diez años.

De igual forma, se hubieran creado alrededor de 20 538 empleos cada año en la próxima década y aumentaría la recolección de impuestos por USD 16 700 millones en un plazo de cinco años. 

“La decisión de la Corte de Apelaciones, probablemente esté lista para finales de año. Mientras tanto, ninguno de los inmigrantes que califiquen podrán hacer nada distinto que esperar”, concluyó Arias.

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