28 de September de 2009 00:00

¿Ciudadanía vs. comunidades?

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Fabián Corral B.

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Las grandes corporaciones de poderes e intereses -movimientos sociales e indígenas y los profesores- han revivido algo que habíamos olvidado en estos últimos tiempos: los enfrentamientos contra el gobierno, los paros y los alzamientos. Entretenido el país en la vocación plebiscitaria que marcó a la nueva época, las grandes movilizaciones se habían ausentado. Pero últimamente han retornado con fuerza inusual. ¿Qué pasó?

El movimiento indígena, la UNE, la FEUE y un archipiélago de movimientos y grupos  adherentes a visiones colectivistas fueron parte de la fuerza y, en buena medida, la base del ascenso y consolidación del Régimen. La Constitución es una carta de derechos corporativos, que favorece a las dirigencias más que a la gente. Las comunidades tienen ahora espacios autónomos, casi soberanos, para  dictar su ‘derecho propio’ y aplicar sin apelación,  y a su saber y entender, el presunto derecho ancestral. Lo lograron, sin que la sustancial mayoría de los votantes convocados a referéndum leyera los textos constitucionales, ni advirtiera  sus implicaciones.

Paralelamente, desde el poder, se fue construyendo un discurso persistente, abrumador y repetitivo, sobre aquello de ‘ciudadanía’ y de revolución ciudadana. Pero ocurre que estas ideas ni convocan ni quitan el sueño a las comunidades y a las corporaciones de intereses. Para algunos movimientos sociales, no pasan de ser un eslogan. En muchas zonas rurales, eso de la ‘ciudadanía’ ni suena ni truena. Más pesan allí las gestiones de los dirigentes, y una visión comunal o colectiva que se ha venido sembrando desde hace tiempo. Más pesan las necesidades que las ideas.

Así pues, bajo el tumulto de los últimos enfrentamientos, parece que se cuaja un conflicto de fondo -una separación irremediable- entre las visiones ‘ciudadanas’, que empiezan a cansar por la arrolladora propaganda oficial, y la fuerza de comunidades, corporaciones y movimientos, que, hasta donde se ve, no se inclinan en absoluto hacia la vocación de ciudadanía, que, en último término, es de raíz liberal, aunque mal acoplada  ahora al difuso socialismo del siglo XXI.

Las visiones comunitarias y sus tácticas finalmente no se han entendido con el discurso urbano de la revolución ciudadana. Paradójicamente, mientras sectores vinculados con el ‘comunitarismo’ apuestan a fortalecer los poderes locales hasta el nivel de las comunas y parcialidades, el Régimen consolida un Estado centralista. Los proyectos de ley de Aguas y ley de Minería evidencian este hecho. La colisión que se advierte era irremediable y lo seguirá siendo. Difícil  parece que la ‘república presidencial’, con un Ejecutivo tan potente, conviva en el largo plazo con un corporativismo disperso que, paradójicamente, sirvió para construir el Estado que desde ahora ya combaten los dirigentes y sus bases.

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