8 de enero de 2020 22:25

Junta de Derechos de la Niñez dispuso cierre de guardería de Quito, en donde murió una bebé

Imagen referencial. La Junta de los Derechos de la Niñez en Quito dispuso el cierre de un centro infantil en donde una bebé perdió la vida a finales de diciembre del 2019. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Imagen referencial. La Junta de los Derechos de la Niñez dispuso el cierre de un centro infantil de Quito en donde una bebé perdió la vida a finales de diciembre del 2019. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Yadira Trujillo
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La Junta de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia La Delicia dispuso la suspensión del funcionamiento del centro de desarrollo infantil, ubicado al norte de Quito, en el que una bebé de nueve meses falleció el 27 de diciembre del 2019. Las primeras declaraciones de la cuidadora detenida revelaron que habría acostado a la menor en una hamaca y la habría amarrado con una bufanda.

En su testimonio, la madre de la menor, Nerely Marcano, comentó que, al parecer, su hija se movió o intentó bajarse de la hamaca y se ahorcó. Detalló que no fue avisada por el centro a los números de teléfonos que proporcionó. Al llegar a recoger a su niña, pasado el mediodía de ese último viernes del 2019, le avisaron que llevaron a la pequeña a una casa de salud.

Entonces la madre acudió y ahí le dijeron que su niña llegó sin signos vitales. Tuvo que reconocer su cuerpo y luego enterrarla, con la ropa que había guardado para ponerle en la reunión familiar de fin de año.

El Consejo de Protección de Derechos de Quito emitió un informe del caso en el que se detalla que según el certificado de defunción, la causa de fallecimiento de la niña es insuficiencia respiratoria. El Informe Estadístico de Defunción General establece que la lesión que habría producido la insuficiencia respiratoria habría sido asfixia mecánica por comprensión cervical.

El caso fue denunciado en la Fiscalía y está siendo investigado por el delito de homicidio culposo, en circunstancia flagrante.

Como medidas de protección emergentes para precautelar los derechos de los niños que asisten al centro infantil, la Junta de Derechos ordenó el cierre temporal del centro privado por presunto maltrato institucional. Además dispuso que la Policía especializada en niños y adolescentes (Dinapen) verifique el cumplimiento del cierre de manera semanal y durante un período indeterminado.

Este miércoles 8 de enero del 2019, el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, dijo que el centro en el que falleció la menor no pertenece al MIES ni es un cooperante. “Sin embargo hemos planteado toda la apertura para que se genere la investigación del caso”.

El ministro Granda señaló que los permisos de funcionamiento los entrega el MIES y que ha pedido información a verificarse para luego pronunciarse, tras una investigación exhaustiva desde la Cartera, únicamente con respecto al permiso.

En el informe del Consejo de Protección de Derechos consta que se enviaron oficios a la Coordinación Zonal 9 del MIES y al Ministerio de Educación para dar a conocer el caso y solicitar información acerca de los requisitos habilitantes del centro infantil para prestar cuidado a niños. Además se solicitó información sobre las rutas y protocolos que se activaron cuando sucedió el hecho, así como las acciones desde ambos ministerios.

El MIES respondió que en el 2011, ese ente otorgó el permiso de funcionamiento al centro. Dos años después, el MIES emitió la última autorización, con un año de vigencia para su operación.

En julio del 2014, el MIES y la Cartera de Educación suscribieron el Acuerdo Ministerial No. 0015-14, mediante el cual expidieron la Normativa para la autorización de funcionamiento de la prestación de servicios de desarrollo integral para la primera infancia que oferta atención a niñas y niños de 0 a 5 años de edad para entidades particulares, fiscomisionales y públicas. En este se establecen las competencias de regulación y control de ambas entidades en función de la edad y tipo de servicio de desarrollo infantil.

El MIES respondió al Consejo que realizó una visita al centro infantil y verificó que oferta servicios correspondientes a Inicial uno y dos, por lo que la regulación y control de este servicio le corresponde al Ministerio de Educación. Así que Inclusión Social remitió un oficio a Educación para que se inicien las acciones administrativas o penales que correspondan.

Por su parte, según el informe del Consejo de Protección de Derechos, el Ministerio de Educación respondió que luego de la revisión de los archivos de la Subsecretaría de Educación de Quito y del Distrito correspondiente no se registra el ingreso de documentos para la autorización de funcionamiento por parte del centro de desarrollo infantil.

Además informaron que el 2 y 3 de enero del 2020, personal de la Subsecretaría y del Distrito Educativo visitaron el centro sin encontrar a ninguna persona.

De los informes emitidos por el MIES y Educación, dice el informe del Consejo, “aparentemente el centro de desarrollo infantil ya no estaría funcionando, esto por una decisión de los propietarios, más no por una acción de protección a los niños y niñas desde los entes rectores”.

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