La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió hoy 15 de junio del 2016 a los 34 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) a que resuelvan su grave y crónica crisis financiera que ha derivado en el actual abismo económico.
“La Comisión sufre una situación estructural y sistémica de financiamiento inadecuado que es indispensable atender y resolver”, afirmó hoy el presidente de la CIDH, James Cavallaro, en la presentación de su informe anual a la Asamblea, celebrada entre el martes y el miércoles en la capital dominicana.
“Es imperativo que los Estados adopten una solución sustentable a la situación de desfinanciamiento crónico en que trabaja la CIDH, a fin de garantizar el derecho de los y las habitantes de las Américas a acceder a la justicia internacional“, agregó.
Cavallaro quiso “valorar y agradecer” a los Estados que han manifestado su respaldo a la Comisión, en particular, “a las Cancillerías y Ministerios de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay, así como la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del Mercosur“.
“También agradecemos las expresiones de apoyo de organismos internacionales, redes y organizaciones de la sociedad civil, y personas”, agregó.
Cavallaro también explicó que la CIDH ha abierto un proceso de consulta con todos los actores del Sistema Interamericano de derechos humanos para la adopción de su Plan Estratégico 2016-2020.
“Este proceso permitirá abrir un diálogo constructivo con los Estados miembros, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores del Sistema Interamericano”, dijo.
Por su parte, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, urgió a los países del continente a fortalecer la CIDH con un fondo regular para que no tenga que depender de aportes voluntarios.
“Estamos abiertos a distintas opciones (para solucionar la crisis) pero tiene que haber un mecanismo de aporte regular, no solamente contribuciones voluntarias que pueden existir en un año y no en otro, estamos abiertos a un mecanismo para que la Comisión y la Corte reciban la financiación que requieren”, indicó Muñoz.
Junto a la crisis en Venezuela, el otro tema en el punto de mira en la Asamblea de Santo Domingo fue la CIDH, que vive la peor crisis financiera de su historia y tendrá que despedir al 40% de su personal (30 personas) en julio y suspender labores clave si no recibe inmediatamente al menos uno de los dos millones de dólares que le faltan este año para cumplir mínimamente con sus funciones.
La CIDH, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, son los pilares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y arrastran una infradotación histórica que en el caso de la Comisión ha llegado al abismo económico en el momento actual.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió el domingo que la Asamblea diera respuesta a la crisis financiera de la Comisión, algo que no sucedió.
El excanciller uruguayo (2010-2015) propuso así a la Asamblea, el máximo órgano del ente, que adopte su propuesta de establecer un fondo directo de los Estados miembros a la CIDH.
La financiación del Sistema Interamericano se discutió este martes en el almuerzo privado que mantuvieron los cancilleres en el marco de la Asamblea, según explicó a Efe el responsable de Exteriores de Ecuador, Guillaume Long.
Long dijo que la propuesta de Almagro “no está clara” para algunos países de la OEA, por lo que la Secretaría General les hará llegar la descripción de la iniciativa por escrito para que puedan analizarla.
Ecuador, que lleva años reclamando una reforma del Sistema Interamericano, quiere poner fin a las contribuciones voluntarias porque generan “inestabilidad” y “politizan” los derechos humanos, al tiempo que exige el cambio de sede de la CIDH de Washington a un país que haya firmado la Convención Americana o Pacto de San José, principal instrumento sobre los derechos humanos en el continente.
El reparto presupuestario es de 4,9 millones para la CIDH y 2,6 para la CorteIDH, el 6% y el 3% del fondo regular de la OEA, respectivamente, aunque ambas sobreviven gracias a las aportaciones voluntarias, y por tanto inciertas, que recaban entre países de dentro y fuera del sistema y varias entidades.