6 de mayo de 2020 20:09

CIDH pide a Estados proteger el derecho a la salud de pueblos indígenas; Ecuador envió información

La población de la Nación Siekopai (Secoya) pide ayuda para contener la propagación del covid-19. Foto tomada de la cuenta de Twitter: Nación Siekopai @NSiekopai

El pasado 17 de abril del 2020, un adulto mayor de nacionalidad Secoya, en Sucumbíos, falleció con sintomatología asociada al covid-19. Foto: www.inredh.org

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Daniel Romero

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “urge a los Estados a enfrentar el grave riesgo en el que se encuentran los pueblos indígenas”. Ese organismo internacional se pronunció sobre el tema este miércoles 6 de mayo del 2020.

En su comunicado se pide que los Estados adopten medidas urgentes, “para proteger el derecho a la salud de esta población”.

Para la CIDH es importante adoptar estas medidas ante el avance del covid-19, sobre todo para los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial.

El organismo puso énfasis en el desabastecimiento de insumos básicos y en la imposibilidad de acceder a exámenes para el diagnóstico del covid-19.

En su comunicado dice: “la CIDH manifiesta su preocupación por el número insuficiente de camas disponibles en hospitales y centros de atención médica ubicados en regiones con altos porcentajes de población indígena en varios países de la región como Bolivia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Perú”.

También señala que ha recibido información del Ecuador sobre su capacidad hospitalaria. Manifiesta que el Gobierno ecuatoriano informó que cuenta con 42 hospitales públicos y 35 del sector privado, que ofrecen un total de 1 870 camas de hospitalización y 403 puestos de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), destinados a la atención exclusiva de los pacientes sospechosos y positivos.

El organismo internacional de derechos humanos también recibió información sobre el protocolo para prevención y contingencia de coronavirus (covid-19) en el área de influencia de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane.

Otro pedido de la CIDH es que los Estados cuenten con información estadística desagregada de acuerdo con variables claves como edad, sexo/género, entre otras.

Esto para “formular e implementar políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la salud de estos colectivos”.

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